Finalmente, el gobernador Pérez cedió a las pretensiones de las empresas eléctricas de la Provincia, y firmó ayer el decreto que descongela de antemano las tarifas a partir del 31 de diciembre.

Era la moneda de cambio para lograr que los operadores del servicio refrendaran el convenio de aplicación de la Convergencia Tarifaria suscripto por Mendoza y la Nación, que dispone inmovilizar precios hasta fin de año, a cambio de $ 370 millones para mantenimiento, sueldos y obras.

En realidad, es una doble señal la de Paco. La medida autoriza a reconocer el atraso de VAD (Valor Agregado de Distribución, componente de la tarifa que determina el ingreso de las distribuidoras), con retroactividad al 31 de julio de 2013, cuando se suspendió la revisión integral de cuadros que debe hacerse cada 5 años. Obligación que acaba de contraer, cuyo costo político tras la audiencia pública de rigor, heredará el nuevo Gobierno.

“Para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 el Poder Concedente reconocerá a las distribuidoras el denominado ‘diferencial de VAD Propio por ingresos no percibidos’, de acuerdo con los procedimientos de revisión tarifaria, según normas de los Contratos de Concesión y Marco Regulatorio Eléctrico”, dice el decreto 390/15, suscripto por Pérez y su ministro de Energía, Marcos Zandomeni.

Los “ingresos no percibidos” saldrán de restar al VAD reconocido, más otros ítems impositivos, los ingresos percibidos en tal período. Esto es, la facturación (promedia $ 1.200 millones anuales) y lo que efectivamente aporte la Nación para mantener intactas las tarifas (hasta aquí, sólo $ 40 millones de $ 370 millones prometidos hasta ahora), además de $ 17 millones en subsidios a cooperativas zonales.

Como sea, incluye la admisión de la deuda al 4to período de Revisión Tarifaria, que regirá hasta 2018 (corresponde cada 5 años desde la privatización del servicio en 1998), y un anexo con el Convenio de Convergencia 2015 para que las distribuidoras lo signen.

“Las empresas necesitan tener una pauta de tarifa y de tiempos. Los VAD considerados son valores de referencia a partir de los estudios de costos elaborados por el Epre sobre la contabilidad de las empresas, los que se está analizando actualizar”, señaló la directora de Servicios Públicos de la Provincia, Patricia Martínez.

El texto del convenio que congela tarifas hasta diciembre anticipa la fijación de un VAD Regional, del que dependerán futuros ajustes: “Las distribuidoras que estén debajo del VADR podrán aumentar hasta el valor máximo regional, y las que lo superen deberán mantener tarifas”.

La negociación que no termina
Ahora el Epre debe convocar a audiencia pública para la revisión integral de cuadros, de carácter no vinculante, la que sería no más allá de octubre.

Mientras, ayer las empresas se notificaban del decreto con un entusiasmo medido. Para Emilio Magnaghi, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, “lo que firmó el gobernador no implica tener tarifa. Sí un reconocimiento del VAD atrasado dos años, para considerarlo desde el 1 de enero”.

Por eso, según el empresario, la medida “no soluciona ningún problema, salvo poder financiarnos para asegurar el servicio. El dinero que debe salir de la tarifa se sigue atrasando”.

Aunque el guiño de Pérez los relaja un poco, para aguantar hasta entonces los concesionarios plantean dos cuestiones: dar más celeridad a los desembolsos (quedan unos $ 160 millones) de la Nación a cambio del congelamiento tarifario de 2014, y cómo se repartirá la Convergencia 2015 (otros 200 millones); la promesa es no superar 60 días de plazo.

“Se necesitaban certezas sobre la actualización de las tarifas. Con el decreto firmado están dadas las condiciones para acceder a la prórroga de la Convergencia, siempre que se defina la forma en que llegarán los adelantos para que no suceda lo mismo de 2014 con el atraso en los pagos”, explicó José Álvarez, vice de Face (Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas) y titular de Alto Verde.

Precisamente con ese fin, algunas distribuidoras se reunirán la semana próxima con el subsecretaria de Energía Eléctrica de la Nación, Paulo Farina. Hasta aquí, la propuesta es, de los $ 370 millones consignados, bajar un 50% a salarios a través de un “goteo” mensual (para afrontar la paritaria que se viene con Luz y Fuerza), otro 30% a obras y 20% a mantenimiento de redes.

Existen cuestiones derivadas, como la inclusión de Edemsa en el reparto, que en 2014 estuvo marginada de la asistencia por una deuda de casi $ 700 millones con el mercado mayorista, y recibió sólo $ 9 millones.