Por primera vez desde que adquirió visibilidad, la promesa de buenos negocios que alberga la formación de recursos no convencionales Vaca Muerta despertó una pelea política y comercial importante.
Enercana tenía preadjudicada el área Parva Negra, en Neuquén. Y presentó días atrás una póliza de seguro ante la gobernación de Jorge Sapag para avanzar en la adjudicación definitiva de ese activo, algo que no podrá concretar sin la aprobación de la Secretaría de Energía.
El rechazo de esa dependencia, que le pidió a la empresa la presentación de una serie de documentos que habrían sido puestos a disposición de la funcionaria, pero que no conformaron a los funcionarios, está en línea con los deseos de YPF.
Sucede que Enercana había ganado el área en una compulsa a la que no se había presentado la petrolera que maneja Miguel Galuccio porque rechazaba el pago de un canon de ingreso en favor de la provincia. El CEO de la petrolera argentina hizo bandera de ese argumento ante gobernadores, empresarios y la propia presidenta Cristina Kirchner, a tal punto que propuso la elaboración de un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, que se sancionó a fines del año pasado.
Según YPF, las empresas interesadas en el petróleo no deberían pagarles a las provincias, sino reservar el dinero para el momento de las inversiones. De lo contrario, pueden hacer una apuesta inicial fuerte y luego buscar un socio con mayores espaldas financieras para hacer frente a los desarrollos, algo que ya ocurrió en el país y, según el criterio de Galuccio, demora el proceso.
Sapag, en cambio, suele esgrimir otros argumentos. Sostiene que Neuquén, como dueña de los recursos de hidrocarburos por mandato constitucional, puede cobrarles un ingreso a las empresas. Y que, de esa manera, cerró convenios, a través de su compañía provincial, con petroleras como la alemana Wintershall, la angloholandesa Shell y la norteamericana Exxon.
Hace algunos días, Sapag y Galuccio tuvieron una conversación. El ejecutivo entrerriano le pidió al gobernador hablar del tema, pero Sapag lo cortó de plano. Le dijo que YPF no debía entrometerse en los asuntos internos del Estado neuquino.
SOSPECHAS
Aunque la empresa nunca lo reconoció oficialmente, la pelea de YPF y Enercana es muy concreta. Uno de los accionistas de la última es Osvaldo Sortino, quien también es dueño de Raiser y está relacionado con Karlin Pacific, una compañía que presta servicios petroleros en el continente.
Galuccio cree que YPF Holdings, la filial norteamericana de YPF, pagó sobreprecios en el contexto de un contrato que la compañía firmó con Karlin por servicios prestados entre 2013 y 2014.
El 26 de diciembre del año pasado, la petrolera estatizada presentó en la Corte de Distrito de Houston una demanda contra Karlin. La acusa de no poner a su disposición toda la información necesaria para que pueda explicarle a YPF por qué le pagó 2,9 millones de dólares. El 4 de julio, a las 10 de la mañana, ambas partes deben presentarse ante el juez Lynn N. Hughes en una de las últimas audiencias antes del juicio
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