“Esta Asamblea declara sancionada esta ley”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello luego de un voto a mano alzada con la negativa de la oposición que teme que Maduro aproveche para recortar las libertades individuales.

La tensión con Estados Unidos -que hasta ahora no afectó las ventas venezolanas de casi un millón de barriles diarios de petróleo- volvió a subir esta semana cuando el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva que califica la situación en el país sudamericano como “amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

Luego de aprobar la ley Cabello se trasladó a las puertas del palacio de Gobierno para entregarle a Maduro la ley frente a varios miles de simpatizantes del gobierno, muchos de ellos con el uniforme de la paramilitar Milicia Nacional Bolivariana.

En un discurso difundido en cadena obligatoria de televisión cargado de improperios hacia los opositores y virulentamente crítico de Washington, Maduro dijo que EEUU podrá “tener el poder de los medios, el poder del dólar, y el poder de una fuerza militar asesina, pero nosotros somos una potencia moral”.

Poco antes el ministro de Defensa general Vladimir Padrino López, había advertido que “no podemos descartar la intervención militar” de Estados Unidos en Venezuela, razón por la cual “hemos comenzado a elevar los niveles de apresto de la fuerza armada nacional”.

La ley habilitante permitirá a Maduro legislar para “la protección contra la injerencia de otros Estados en asuntos internos de la República, acciones belicistas o cualquier actividad externa o interna que pretenda violentar la paz”.

Líderes de ONGs especializadas en temas de seguridad y analistas políticos opinaron que esta ley habilitante podría ser utilizada para recortar las garantías individuales con el argumento del riesgo del enemigo externo.

El experto en temas internacionales Carlos Luna calificó esta ley de “sumamente peligrosa”, porque el presidente podría legislar sobre libertades individuales, que son “garantías individuales constitucionales para ser un muro de contención ante los abusos del poder”.

“La Ley Habilitante Antiimperialista será un instrumento contra el enemigo interno (…) orientada a socavar los derechos humanos”, señaló por su lado Rocío San Miguel, titular de la organización no gubernamental Control Ciudadano, especializada en temas militares y de seguridad.

La ley habilitante es un dispositivo constitucional que permite al jefe de Estado gobernar por decreto en temas específicos durante un período. Una habilitante debe ser aprobada por la mayoría especial del 60% de los diputados.

La anterior vez que el presidente solicitó superpoderes -para legislar por un año en temas económicos- fue a fines de 2013.