Desde esa comisión, los senadores del Frente para la Victoria invitaron al ministro de Gobierno Rodolfo Lafalla para que hable de la inconveniencia de que el Estado financie las campañas electorales. La cita es para el miércoles que viene a las 10.30.

La cuestión es que los debates políticos se interconectan; a veces artificialmente, a veces inevitablemente. En este caso, el artículo 1 del presupuesto 2015 está atado a otro debate que hoy se produce en la Suprema Corte y en la Junta Electoral provincial. Y la visita del ministro Lafalla al Senado no es más que agregar un hecho simbólico para argumentar en contra de ese financiamiento.

Hoy habrá otro hecho simbólico en el mismo sentido, porque vence el plazo para que el Ejecutivo presente su respuesta a las cautelares que impulsaron el PD y el radicalismo en contra del decreto que suspendía el financiamiento estatal de las campañas, decreto que firmara el gobernador, Francisco Pérez, en noviembre pasado para modificar una ley sancionada por unanimidad el noviembre de 2013.

Todo se conecta de extrañas maneras. De hecho esta semana ya hubo un hecho vinculado a este debate que se ha ido replicando desde el mismo momento en que se conoció el decreto 2.075 y que ha marcado el pulso político de todo el verano mendocino.

El martes pasado el presidente de la Suprema Corte y de la Junta Electoral, Pedro Llorente, citó a las partes para instarlos a que llegaran a una “salida política” del conflicto.

De alguna manera es ese el discurso en el que se monta el oficialismo, como siguiendo el consejo de Llorente. La presidenta de la comisión de LAC, la oficialista Carina Segovia, dice que el peronismo no puede aceptar un presupuesto impuesto por la oposición y que esperan poder llegar a un acuerdo, a pesar de lo diametralmente opuestas que hoy están las posiciones.

La cuestión es que las posiciones están enfrentadas porque lo que en noviembre de 2013 les convenía a todos los partidos políticos que sancionaron la ley 8.619, hoy no le conviene al oficialismo y entonces se intenta modificarlo por el decreto 2.075 que firmó Pérez.

La senadora Segovia dice que la provincia tiene otra coyuntura y, por lo tanto, otras prioridades; crisis financiera del Estado y vitivinícola como para sumarle al Gobierno la obligación de costear las campañas de los partidos.

Del otro lado, el macrista Gustavo Cairo se pregunta qué tan importantes son las prioridades cuando en 2014 el Gobierno provincial se gastó 700 millones en publicidad oficial: “Ni el 10% de eso se le pide para financiar las campañas”.

En el mismo sentido, el radical Juan Carlos Jaliff dice que los 40 millones incluidos por los diputados de su partido en el artículo 1 del presupuesto que está analizando el Senado son apenas el 0,1% del total de los gastos que realizará el Estado durante 2015.

Pero más aún, hasta la propia Segovia asume que cuando votaron la ley 8.619 lo hicieron “por la transparencia”. Y no es una frase menor, porque justamente lo que se prohíbe en esa ley es el aporte privado para financiar las campañas, un aporte que nunca se sabe quién es el aportante y que siempre condiciona la gestión de quién recibe el aporte.

Además siempre el aporte privado beneficia a la fuerza que está al frente de los Ejecutivos provincial o municipales, porque son los que puede ofrecer contratos con el Estado.

Los debates están conectados. Por eso es que surge la pregunta de por qué Llorente llamó a las partes el martes. A todos les resulta extraño. Quizá sea pertinente recordar que ante cautelares presentadas por la oposición, cuando la Corte resuelve a favor del Ejecutivo nunca llama a nadie y simplemente emite el fallo; cuando el Tribunal le resulta difícil darle la razón al Gobierno, llama a las partes a conciliar.

Así fue el año pasado con la reconducción presupuestaria y la voluntad del Ejecutivo de tomar la autorización a tomar crédito votada y usada en 2013 como válida para 2014. En ese momento, la Corte llamó a las partes y prácticamente obligó a la salida política.