San Rafael, Mendoza jueves 28 de marzo de 2024

Empresarios locales se quejan por límites a la libertad de comercio

Referentes de distintos sectores se oponen a los poderes que da al Estado la nueva legislación. Algunos apoyan la iniciativa como la Federación Económica de Mendoza. El debate.

Las voces en contra no tardaron en llegar luego de que se conociera la noticia sobre la reglamentación de la nueva Ley de Abastecimiento, firmada por la misma presidente Cristina Fernández el pasado jueves. Empresarios locales y nacionales consideran que esta ley limita la libertad de las empresas y comercios y violan las garantías constitucionales.

A pesar de las fuertes resistencias por parte de los empresarios, la reglamentación de la nueva ley de defensa del consumidor fue presentada por el ministro de Economía Axel Kicillof, en donde por medio de un decreto designa a la Secretaría de Comercio autoridad de aplicación de la ley de Abastecimiento sancionada en setiembre del año pasado. Además se estableció, por decreto, lacreación del Registro Nacional de Infracciones.

En defensa, el gobierno Nacional argumenta que el mercado no es igualitario ni democrático para los consumidores, así como para los pequeños productores y comerciantes, quienes son las principales víctimas de abusos por parte de las grandes empresas que tienen posición dominante.

Es por esto que decidieron continuar con esta ley polémica a pesar de que el Grupo de los Seis (G6), que integran la Unión Industrial (UIA), la Sociedad Rural (SRA), las Cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), había pedido que la Ley diera marcha atrás, argumentando que muchos de los artículos estipulados son inconstitucionales.

Sin embargo, el proyecto continuó y el Gobierno hizo oídos sordos a los pedidos. Para Carlos de la Vega, presidente de Cámara Argentina de Comercio (CAC), uno de los puntos más polémicos es el hecho de que la Secretaría de Comercio regule la cadena comercial, estableciendo para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios. De este modo, para el empresario, esta ley “autorizará al gobierno a intervenir económicamente en las actividades privadas”.

No obstante, el G6 continúa con su pedido de inconstitucionalidad de esta ley, exigiendo la impugnación de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,12, 13, 14, 15 y 27, a pesar de que aún no han habido casos concretos, contó a Los Andes Carlos de la Vega.

Por su parte, Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, explicó que ellos están dentro del reclamo y del pedido de que se impugne la ley, ya que están aglutinados por medio de la COPAL y la Unión Industrial -quien está dentro del G6-. “Hasta el momento nosotros creíamos que no se iba a aplicar, pero claramente, con los decretos del jueves, quedó reglamentada. Una medida más que no deja de sorprender el poder que quiere ejercer el Estado en los privados, pretendiendo fijar rentabilidades y precios», remarcó Pina.

Jorge Sanchís, de la Cámara de la Construcción de Argentina -filial Mendoza- acentuó su disconformidad y aclaró que desde acá se apoya el pedido nacional de la CAC. “Creemos que la ley busca una intromisión en las empresas que no corresponde”.

Además, considera que más de un artículo es abusivo y va en contra de la protección de los derechos de propiedad privada y libertad económica de los particulares.

“Hay sanciones y multas extremistas. Algunas de ellas corresponden al poder de la Secretaría de Comercio de cerrar una empresa, intervenirla, imponer multas millonarias o hasta la prisión de los directores, por incumplimiento de algunos de los artículos”, declaró con pesar Sanchís.

Finalmente, desde la cadena Walmart indicaron: “A grandes rasgos, podemos decir que una Ley que defiende al consumidor es -sin lugar a dudas buena, casi todos los países la tienen y sirve para que tanto uno como otro encuentren un marco en el cual protegerse, sin incertidumbres. Nosotros, lo hemos dicho en repetidas oportunidades, no estamos en contra de ella, si nos defiende a todos. Lo importante es que haya previsibilidad en la implementación”.

Pymes, exentas de la Ley
Según la Ley Nº 20.680, en base al artículo 1, quedan exceptuados del régimen establecido los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (MIPyMEs). Es así que las compañías más pequeñas no serán acusadas de desabastecer o subir el precio de sus productos.

Esto se logró luego del pedido de más de 1 millón de entidades, todas ellas aglutinadas en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A pesar de estar exentas de la Ley de Abastecimiento, Carlos de la Vega aclaró que no lo están del decreto del Registro Nacional de Infracciones.

Una de las voces a favor es la de Adolfo Trípodi, presidente de la Federación Económica Mendoza (FEM), quien consideró que esta ley “toca a todas aquellas empresas grandes formadoras de precios”.

Según este representante, esta legislación es una forma de regular a los sectores monopólicos de Argentina que, según remarca, afecta “tanto a pequeñas empresas como a los consumidores, ambos víctimas de la concentración de la cadena comercial”.

Por otro lado, Juan Viciana, vicepresidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), remarcó que a pesar de que a ellos no les toca esta ley, “es una medida extrema que va en contra de la libertad de comercio y producción. No creo que con esto se solucionen los problemas de fondo”.

Para Viciana, el “Gobierno debería solucionar las cuestiones macroeconómicas de inflación y aumentos de costos. Resolviendo esto, no sería necesaria la Ley de Abastecimiento”.

Para el representante de la UCIM, tanto empresas grandes como pequeñas y medianas tratan de solucionar y reacomodar sus precios acorde a la realidad económica.

Sin embargo, considera que hay parte del empresariado que, ante este panorama, abusa de su poder de monopolio. Pero para Viciana, para este tipo de problemas hay leyes nacionales que aglutinan el poder de los monopolios y oligopolios, y “precisamente no hace falta controlarlas como se prevé con esta Ley de Abastecimiento”.

La misma realidad vive la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys). Pero su vicepresidente, Marcelo Marra, coincide con Viciana, que “es ilógico que el Gobierno intervenga y controle a las empresas en sus costos, estudios, dirección, etcétera”.

No obstante, considera que es importante la regulación de precios abusivos e informales, pero “no de la forma que se pretende hacer”, remarcó Marra.

A favor
A pesar de que las voces en contra se hicieron sentir, todas las entidades coinciden en un punto con el Gobierno nacional y es el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios que tendrá como principal función hacer relevamientos de precios y disponibilidades de bienes y servicios.

Carlos de la Vega aclaró que, tanto la Cámara como el G6 entero, apoya esta medida, ya que “entendemos que la ley es fundamental, es importante conocer la cadena productiva de los diferentes sectores económicos”.

Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/empresarios-locales-se-quejan-por-limites-a-la-libertad-de-comercio
Laura Saieg – lsaieg@losandes.com.ar

 

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