Los gobernadores del peronismo tradicional, los intendentes, los barones del conurbano y unos cuantos ministros del Poder Ejecutivo cuestionan en forma reservada la manera en que la presidenta Cristina Kirchner y su entorno íntimo manejaron la crisis por la muerte del fiscal Alberto Nisman y por la respuesta dura y radicalizadas a la convocatoria a la marcha del 18-F, del miércoles próximo.

Las objeciones también están dirigidas hacia las cartas de la Presidenta en sus cuentas de Facebook y Twitter; al documento impuesto al PJ por el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el mal manejo de la comunicacion que alterna mensajes duros y moderados.

El principal factor de malestar es el posible efecto electoral: todos los gobernadores e intendentes se juegan su futuro político en las elecciones del 25 de octubre próximo en sus respectivos distritos.

Y la realidad es que el peronismo podría perder en muchas provincias: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Chaco, Salta, Jujuy, Corrientes, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre otras.

«Con sus discursos Cristina irrita a la gente. Muchos temen que se haya transformado sin quererlo en la principal promotora de la marcha del 18-F», dijo ayer a LA NACION un dirigente del peronismo con diálogo con los gobernadores. Por eso desde anteayer la Casa Rosada aplicó la estrategia de instalar el miedo y los fantasmas de golpe de Estado para quitarle adherentes a la movilización.

Por esa especulación electoral, los precandidatos presidenciales del Frente para la Victoria buscaron la moderación ante el 18-F aunque aclararon que no participarán: Daniel Scioli, Florencio Randazzo y Julián Domínguez. La única excepción es Sergio Urribarri, que tiene la doble condición: es candidato y gobernador de Entre Ríos. Dijo que era «un intento repugnante de usar a la gente de los fiscales y la prensa».

Un núcleo de ministros del Poder Ejecutivo discrepa en silencio de la dureza del cristinismo. Un allegado de ellos se lamentó ante LA NACION: «El acto del miércoles pasado en la Casa Rosada buscaba instalar anuncios positivos, hablar de China, y sacar a Nisman de los diarios. Pero a Cristina se le fue la lengua y terminó atacando la marcha con su referencia a que «a ellos le dejamos el silencio», y eso irrita mucho».

Las directivas de Cristina cambiaron durante la semana entre la mesura y la radicalización. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, había recibido la orden de moderación y dijo incluso que podría haber funcionarios que fueran al 18-F. También dijo que los fiscales tenían derecho a manifestarse luego de 30 años de democracia y sólo apuntaba en cambio que la oposición era «oportunista».

Pero luego de la imputación del fiscal Gerardo Pollicita a la Presidenta y del mensaje de Cristina en la Casa Rosada llegó otra orden desde Olivos: Fernández terminó la semana acusando a los autores de la marcha de narcos, antisemitas, apropiadores de bebes y encubridores del caso AMIA. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, copió su pirueta y ambos denunciaron a Pollicita por «desestabilización y golpe de Estado judicial».

El ministro del Interior y Transporte, también candidato presidencial, Florencio Randazzo, había sido cauto: expresó su «respeto» por la familia de Nisman, pero a los fiscales les dijo que «en lugar de protestar deben esclarecer». Fernández, Capitanich y Randazzo, aunque no se apartan del mensaje que ordena Cristina, no querían irritar a los adherentes al 18-F. «Todo lo que dice Aníbal lo conversa directamente con la Presidenta», confió un allegado de él a LA NACION.

El ala radicalizada de Olivos la componen Cristina; Carlos Zannini, secretario legal y técnico; Máximo Kirchner, hijo de la Presidenta, y los jefes de La Cámpora, Andrés Larroque y Eduardo De Pedro. De allí salen las ideas más combativas.

El resto del gabinete no habló del 18-F. Hay una línea mesurada: Sergio Berni, Carlos Tomada, Juan Manzur, Julio De Vido, Julio Alak, Lino Barañao y Carlos Casamiquela. Y otra más cristinista: Amado Boudou, Enrique Meyer, Débora Giorgi, Alberto Sileoni, Axel Kicillof, Alicia Kirchner, Agustín Rossi, Teresa Parodi y Héctor Timerman.

Los gobernadores del peronismo tradicional están fastidiados desde el principio de la crisis, especialmente cuando tras las denuncia de Nisman debieron suscribir un documento que ni siquiera conocían. Tampoco ven con buenos ojos que en medio de la crisis haga gestos hacia la interna presidencial, como cuando esta semana elogió a Randazzo y cuestionó a Scioli.

«Cuestionan el manejo de la crisis y puden reaccionar si no llega una señal de racionalidad», comentó un operador. Los más preocupados son precisamente Scioli y los gobernadores que que lo acompañan, como José Luis Gioja, Eduardo Fellner, José Alperovich, Gildo Insfrán, Francisco «Paco» Pérez, Luis Beder Herrera y Maurice Closs. El senador Miguel Pichetto, que competirá por la gobernación de Río Negro, tambien alienta mayor mesura.

Las encuestas que manejan revelan una caída de ocho puntos en la imagen de la Presidenta por el caso Nisman, lo cual, temen, también podría generar arrastre a todos los que tienen aspiraciones electorales.

Entre ellos están los gobernadores que podrían buscar su reelección, como Fellner, Lucía Corpaci, Insfrán y Juan Manuel Urtubey.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1768698-diferencias-internas-en-el-oficialismo-por-el-manejo-del-caso-nisman

Por Mariano Obarrio | LA NACION