Que la Mesa de Enlace se encuentra transitando el último tramo desde su creación en 2008 no es ninguna novedad. Y en el Gobierno tienen muy presente que ante un mínimo chispazo podrían directamente adelantar el final previsto para octubre próximo.
El volumen de las exportaciones vitivinícolas retrocedió un 15% en el año. Así fue como en los últimos días -a partir del multitudinario tractorazo que llevaron a cabo unos 5.000 productores en Mendoza- comenzaron a advertirse las primeras diferencias en las entidades rurales.
Es que el debate interno ahora pasa por cómo seguir la lucha con el kirchnerismo para intentar evitar quebrantos masivos en el sector viñatero que atraviesa una situación sumamente delicada en casi todos los eslabones de la cadena productiva.
En este sentido, un sector vinculado a Confederaciones Rurales (CRA) y a Federación Agraria (FAA) prefiere profundizar las medidas de fuerza que incluirían cortes de rutas, movilizaciones y hasta la posible suspensión de la tradicional Fiesta de la Vendimia.
Por su lado, los dirigentes que lideran Coninagro optan por continuar negociando con el oficialismo una serie de medidas que se precisan para evitar un desastre productivo en la próxima cosecha, en contraste con la posición de las otras entidades.
“El productor no está mentalizado para seguir un plan de lucha; tenemos obligaciones productivas y laborales que nos impiden enfocarnos en este tipo de cuestiones”, dijo a La Política Online Carlos Iannizotto, vicepresidente de la entidad cooperativa.
“Tenemos que agotar todas las instancias de diálogo porque si no hay soluciones urgentes no se va a poder cosechar”, agregó Iannizotto, quien además es gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI).
Así las cosas, lo concreto es que en los próximos días se realizarán reuniones entre los productores de vino para definir los pasos a seguir (el viernes pasado no hubo acuerdo). Es allí, entonces, donde se verá si prima la posición dialoguista o las medidas de fuerza.
Como sea, en el kirchnerismo tomaron nota del conflicto existente entre las entidades del campo y decidieron por el momento hacer oídos sordos a los reclamos con el objetivo de causar nuevas grietas en la desdibujada Mesa de Enlace.
Es por esto que el Gobierno mandó varios mensajes entrelíneas la semana pasada. En primer lugar cuando reapareció Cristina Kirchner en la Casa Rosada para firmar la reglamentación del Observatorio de Precios para el sector vitivinícola.
Un dato no menor es que en dicho encuentro estuvo Eduardo Sancho, presidente de Fecovita, una cooperativa que forma parte de Coninagro, mientras que por el lado oficial estuvieron Jorge Capitanich, Carlos Casamiquela y Augusto Costa, entre otros.
En tanto, otro mensaje político que mandó el kirchnerismo a los combativos viñateros es que, tras intensas negociaciones, llegó a un acuerdo finalmente con los productores de peras y manzanas de las provincias de Neuquén y Río Negro.
A dicho acuerdo se llegó principalmente por las gestiones que encabezaron directivos de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) con Capitanich, Aníbal Fernández y el secretario de Agricultura y número dos de Casamiquela, Gabriel Delgado.
Por su lado, a nivel provincial, el gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, analiza la posibilidad de que el Gobierno salga a comprar por licitación el vino sobrante para intentar absorber parte del sobrestock presente en el mercado.
Sin embargo, viñateros de dicha provincia no lo ven como una solución de fondo y prefieren que se subsidie al productor la uva que queda sin elaborar por cuestiones de costos productivos.
Números en rojo
Según un reciente informe del Movimiento CREA, en los últimos cuatro años el precio de la uva recibido por los productores aumentó entre un 10 y un 15%, al tiempo que, en igual periodo, los costos subieron un 80% en promedio.
“Las empresas trabajan a pérdida, y las que tienen la posibilidad de financiarse siguen en actividad a modo de subsistencia para llegar con capacidad de reacción al momento en que las variables económicas vuelvan a hacer rentable el negocio”, señaló CREA.
En este contexto, “muchas unidades de negocio deciden acotar la producción a una superficie menor y reducir costos, pero con este proceder puede perderse calidad en lo producido, lo que disminuye el ingreso y la espiral negativa se acelera”.
“Estas decisiones tienen un impacto directo en la economía cuyana que contrata menos mano de obra, compra menos insumos y agrega menos valor, lo que da como resultado una caída en la actividad económica que afecta a toda la población”, agregó la entidad.
Asimismo, según productores pertenecientes a CREA, la situación de las bodegas es muy delicada porque los industriales no pueden colocar vinos en el mercado externo a causa de los altos costos internos en dólares.
“Las bodegas están llenas de vino y la cosecha de vid está por llegar. Si la situación no cambia, en 2015 se pagará menos que en 2014 por la uva. Será una carnicería de precios”, advirtió Juan Vizcaíno, miembro del CREA Cerro Blanco, en San Juan.
En la misma línea, en la última encuesta realizada por CREA se destaca que entre el 87 y el 90% de las plantaciones de uva fina blanca y tinta, y el 68% de las uvas comunes cultivadas presentan un estado de bueno a muy bueno.
“El negocio está bastante complicado y se da una situación parecida a la sufrida entre 1980 y 1990, cuando hubo un sobrestock de vinos muy grande”, remarcó Andrés Méndez Casariego, productor y miembro del CREA Aconcagua, en Mendoza.
FUENTE: La Política on line