El filmará las audiencias del juicio en San Rafael por delitos durante la dictadura
El vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Gianni Buono, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Juan Manuel González, firmaron este lunes un convenio a través del cual el Instituto continuará con el registro fílmico de los juicios de lesa humanidad de la denominada “Megacausa del Sur” que se desarrolla en San Rafael.
También estuvieron presentes el fiscal subrogante, Pablo Garciarena, y organismos de Derechos Humanos.
“Con el registro audiovisual de los juicios venimos a garantizar que este proceso de Memoria, Verdad y Justicia sea irreversible”, aseguró Buono, quien destacó tanto el compromiso del INCAA con la creación del programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), como el rol de los registrantes en las coberturas de los alegatos y sentencias. “Es el Nunca Más de nuestra época”, recalcó.
El convenio, cuyo objetivo es poder contar con filmaciones de calidad para su posterior preservación como resguardo de la memoria colectiva de toda la comunidad, es el número 39 y la causa número 57 en la que el Instituto interviene.
El INCAA registra también en video las instancias del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se hace en Mendoza y que sentó en el banquillo a Otilio Romano, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo.
La llamada “Megacausa del Sur” (que acumula 24 causas) comenzó el 29 de diciembre de 2014 con la lectura de la acusación e incluye los delitos cometidos en perjuicio de 72 personas consistentes en desapariciones, detenciones ilegales, torturas, robos y violaciones.
Los delitos en San Rafael, General Alvear y Malargüe fueron llevados a cabo entre el 23 de febrero de 1976 y el 6 de marzo de 1978. Entre los imputados se destaca el caso de Luis Stuhldreher, intendente de facto durante la dictadura y funcionario del ex gobernador de la provincia, Julio Cobos, durante la democracia.
En este juicio, además, se investigan las complicidades civiles del sacerdote ítalo-argentino Franco Reverberi Boschi, y del ex obispo de San Rafael, Guillermo Garlatti, y la participación activa y complicidad de miembros del poder judicial local, ya que la Casa Departamental operó como centro clandestino de detención.