Tras el estallido racial en Ferguson, a raíz de la muerte de Michael Brown, un joven negro a manos de la policía local, la desconfianza en el sistema se ha disparado.
El caso Brown ha afianzado el sentir de buena parte de la comunidad negra de Ferguson de que es discriminada por la policía y la justicia. Pero también evidencia un problema nacional: las protestas se han extendido a otras ciudades de EE UU. donde las quejas se asemejan e indican que, a 50 años del fin de la segregación racial, la discriminación se mantiene vigente.
Según las estadísticas, el 86% de los conductores parados en Ferguson en 2013 por la policía eran negros, por encima del peso del 67% de esa comunidad en la población, según un informe del fiscal de Misuri. Las multas son la segunda fuente de ingresos del municipio. Si no se pagan, se corre el riesgo de encarcelamiento. Y la tasa de arrestos de negros duplicó a la de blancos.
En el conjunto de EE. UU., los negros fueron en 2012 el 28,1% de los detenidos, según los últimos datos del FBI. Una proporción que duplica su peso demográfico (13,1%). La traslación es directa en las prisiones: un hombre negro tiene seis veces más posibilidades de ser encarcelado que uno blanco. En 2013, un 3% de los hombres negros estaba preso, frente al 0,5% de los blancos. En 2011, uno de cada 15 niños negros tenía un pariente en la cárcel, frente a uno de cada 111 blancos.
Human Rights Watch documentó este año un patrón de discriminación racial en el sistema judicial estadounidense, especialmente en jóvenes, delitos por drogas y sentencias de pena de muerte. John Inazu, profesor de Derecho en la Universidad de Washington, en San Luis, habla de “significativos desafíos” raciales en el sistema. Recomienda reducir costos judiciales, mejorar el acceso a abogados y reforzar la supervisión de los procesos. Pero, admite, también hay que abordar problemas subyacentes: en EE. UU. las diferencias entre negros y blancos en indicadores socioeconómicos son significativas, y Ferguson no es una excepción.