A través de una acordada, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza decidió publicar todas las sentencias que se produzcan en los tribunales provinciales, junto con sus fundamentos. Los documentos deberán respetar los derechos personalísimos, pero estarán accesibles en el término de 60 días. En una entrevista televisiva, el juez Omar Palermo sostuvo que la medida «dará mayor transparencia».
La decisión del máximo tribunal es un avance en uno de los poderes del Estado al que se le achaca precisamente la falta de modernización en sus estamentos. En la actualidad, la información que se produce en el Poder Judicial se puede seguir a través del Sistema de Información Compromiso con la Comunidad -SICCOM-, donde se publica el movimiento de los expedientes.La acordada 26.207 establece que la Sala Segunda de la Corte; las Cámaras en lo Criminal; la Cámara de Apelaciones; los Juzgados de Garantías; Correccionales; Flagrancia; Faltas y Ejecución Penal publiquen sus resoluciones -autos y sentencias- junto con los fundamentos en la página institucional del Poder Judicial.
El pedido también apunta al Procurador Rodolfo González. Palermo sostuvo que «el control de las sentencias dará mayor transparencia a favor de la ciudadanía y del Poder Judicial. Es un instrumento de control». Y agregó: «Eso supone más atenciones. Va a ver más revisiones de los casos, gente accediendo a las sentencias. Hoy es difícil acceder. Es un pasito y es útil».
Como se trata de información sensible, la resolución de los jueces supremos también advierte que cada tribunal debe adoptar los resguardos legales que correspondan para cuidar los derechos personalísimos de quienes pueden resultar afectados por la difusión de datos protegidos.
La Corte ha dispuesto que en dos meses se pueda acceder a las sentencias de cada tribunal. Así, encomienda a la Dirección de Informática para que realice las acciones necesarias para permitir la publicación, exhibición e impresión segura de las resoluciones.
La decisión del tribunal superior se fundamenta a su vez en una acordada similar de la Corte Suprema, que invita a cada provincia a adherir.
Además, se sostiene que la publicación de las sentencias permite «el control de la ciudadanía de los actos de gobierno en lo que respecta al Poder Judicial solamente es posible mediante el conocimiento cabal de las decisiones a las que arriban los tribunales».
Por otra parte, la Corte está avalada por la Constitución Provincial cuando ésta señala en el artículo 146 que «los procedimientos ante todos los tribunales de la Provincia serán públicos, salvo los casos en que la publicidad afecte la moral, la seguridad o el orden moral».