Las organizaciones conservacionistas, igual que varias empresas y millonarios, están comprando tierras para protegerlas y sus propiedades ya se consideran “un componente esencial” para lograr el objetivo internacional de proteger el 17% de la tierra del planeta en 2020, según un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Uno de los mayores ejemplos de estas áreas bajo protección privada es el Parque Karukinka, en el sur de Chile, integrada por 298.000 hectáreas de tierras de albatros y elefantes marinos que pertenecieron a la maderera estadounidense Trillium. Pero la empresa quebró y, en 2002, el banco estadounidense Goldman Sachs compró un paquete de deuda impaga —un aval entregado cuando no se pagó un préstamo— en el que figuraba la enorme extensión en Chile. En un gesto con pocos precedentes, facilitado porque eran tierras aisladas y poco rentables, el banco decidió donarlas a la ONG estadounidense Wildlife Conservation Society. Hoy es uno de los parques privados más grandes del mundo.
“La Lista de Áreas Protegidas de Naciones Unidas [con un total de 209.000 reservas catalogadas] solo contempla un 0,3% de áreas bajo protección privada. Yo estoy segura de que son muchas más”, opina la consultora ambiental británica Sue Stolton, coautora del nuevo informe. Las reservas privadas más desconocidas son las que son propiedad de empresas y la UICN quiere sacarlas a la luz y atraerlas a la comunidad internacional de conservación de la naturaleza.
“Hasta la fecha, la gran mayoría de las áreas protegidas han sido establecidas en tierras y aguas estatales”, afirma el mexicano Ernesto Enkerlin, presidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, en el informe, presentado en el Congreso Mundial de Parques que se celebra en Sidney (Australia). Pero estas reservas públicas, asegura, “no serán suficientes por sí solas” para cumplir el objetivo de proteger el 17% de la tierra en 2020.
El documento de la UICN reconoce que “nadie sabe cuántas áreas bajo protección privada hay en el mundo o donde están situadas”. Su informe, que analiza 17 países, es el primero que intenta cuantificarlas y localizarlas. La organización calcula que en España existen 310.000 hectáreas protegidas en manos privadas. La Fundación Catalunya-La Pedrera posee 24 espacios naturales, algunos de ellos en Pirineos y en el delta del Ebro, que forman “la mayor red bajo propiedad privada de España”, según escribe en el informe el biólogo Miquel Rafa, director de Medio Ambiente de la Fundación.
“Las áreas bajo protección privada a menudo constituyen un recurso oculto, son ignoradas por los gobiernos”, lamenta el brasileño Braulio Ferreira, secretario ejecutivo del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, el tratado internacional que obliga a proteger el 17% de la superficie terrestre de los países. “Esto es lamentable porque, como muestra este informe, los esfuerzos privados de conservación a menudo pueden llenar importantes vacíos en las políticas nacionales” y “pueden ayudar a mantener posiciones firmes cuando los gobiernos no cumplen su función”, añade.
El informe presentado en Sidney define por primera vez los requisitos que debe cumplir una propiedad privada para considerarse área protegida. Entre otras exigencias, los propietarios deben demostrar que su propósito fundamental es la conservación a largo plazo, al menos 25 años. No se pide que estén abiertas al público.
En la actualidad, solo dos países, Brasil y México, cuentan con bases de datos de áreas bajo protección privada. España está haciendo la suya. En México, rozan las 490.000 hectáreas, el 0,25% de la superficie terrestre del país. En Brasil, 1.100 reservas privadas protegen más de 700.000 hectáreas, por motivos que incluyen el turismo, la exención de impuestos y el lavado de imagen, además de la satisfacción personal y la conservación de especies amenazadas.
Fuente: Diario El País de España