El gobierno de Evo Morales promulgó una ley con el propósito de corregir el retraso en los procesos penales, «un defecto del sistema judicial boliviano que le ha valido varias veces críticas de organismos internacionales como Naciones Unidas», según informaron en La Paz.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, promulgó la “Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal”, en ausencia del presidente Evo Morales, de viaje en Europa.
La norma establece que todo proceso penal iniciado por los ciudadanos o instituciones que no tenga desarrollo alguno durante un año se archivará temporalmente y si después de otro año sigue en esa situación, se archivará de forma definitiva.
García Linera dijo que hay procesos que llevan tres o cinco años sin ningún movimiento y se mantienen vigentes, aunque haya detenidos de forma preventiva en centros penales.
Para evitar “el uso procesal malicioso corrupto” de los incidentes, recursos, excepciones y recusaciones se establece que estas podrán ser usadas por una sola vez y los abogados que intenten hacerlo dos o más veces serán amonestados, después sancionados económicamente y en última instancia separados de un caso, agregó.
“Aquellos abogados acostumbrados a hacer chicanas (artimañas) para dilatar los procesos y generar un ambiente de indefensión indefinida del detenido a partir de este momento van a perder esa atribución y sus facultades”, dijo el vicepresidente.
La norma también establece que los juicios orales deben tener una continuidad hasta concluir y se habilitará para ellos horas y días extraordinarios, con pausas máximas de 16 horas tomando en cuenta el tiempo para los almuerzos o descansos.
Lo habitual en el sistema judicial de Bolivia es que los juicios orales puedan durar varios años, con suspensiones intermedias de varios meses, con cambio de jueces y fiscales e incluso de ciudades.
Asimismo, se establece que los jueces y fiscales tomarán vacaciones individualmente y se eliminarán los períodos de vacación colectiva (lo que en la Argentina se conoce como la «feria judicial») porque eso deriva en el cierre de tribunales cada año por más de treinta días, causando más retrasos en los juicios.