Después de que el Gobierno de Mendoza anunciara el proyecto de una nueva cárcel que presentó el empresario alvearense Omar Álvarez para alojar a 980 internos y por la cual el Estado pagará un alquiler, la Asociación Pensamiento Penal manifestó “suma preocupación” ante la noticia ya que, según considera la agrupación enrolada en la línea de Justicia Legítima, “la construcción privada de cárceles constituye un negocio que utiliza a la privación de la libertad como un bien comercial, generando la posibilidad de crear una oportunidad altamente rentable para las empresas constructoras”.
Según la asociación, “una iniciativa de esta naturaleza podría convertirse en el principio de la privatización parcial o general del sistema carcelario, industria que solamente ha prosperado en regímenes altamente punitivistas”.En EE.UU., donde este negocio se hizo masivo y muy rentable -porque además se usa a los presos como mano de obra barata para la industria- se acuñó el término  “complejo industrial carcelario” para sintetizar el espíritu de iniciativas similares a la mendocina, aunque a gran escala.
“La construcción de nuevas cárceles, ya sea de manera privada o estatal, solo generará más espacio para el depósito de quienes usualmente pueblan las cárceles argentinas: personas pobres, marginadas y excluidas y personas bajo el régimen de la prisión preventiva. APP entiende que la construcción de una cárcel no tiene nada que ver con la seguridad común, sino que responde a la reacción estatal más violenta frente a los conflictos identificados por la ley como delitos. La cárcel es, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el último recurso aplicable (por tratarse del más violento) en lo que refiere a la sanción de los conflictos”, señaló la asociación.