«Ante las presiones que está ejerciendo Mendoza queremos darle jerarquía de Ley al Decreto para asegurar que nuestros derechos como pampeanos no se vean nuevamente afectados», destacó Marino. Y agregó que la provincia de La Pampa fue perjudicada «por una demorada liquidación de regalías eléctricas» desde 1960, y aseguró que los pampeanos «debíamos cobrar las regalías pero recién empezamos a recibirlas en el ´73, 13 años después.

Marino afirmó que lo que hoy se conoce «como Aprovechamiento Hidroeléctrico Nihuil I data del año 1957 y la Ley 15.336 que supone la distribución equitativa de las regalías es de noviembre de 1960». «Sin embargo, el Decreto 1560, que es el que dispone efectivamente que La Pampa cobre la mitad de las regalías, es del año 1973», explicó.

Con relación al pedido, el senador radical solicitó además que ese pago quede garantizado por una ley y no por un decreto presidencial, como ocurre hasta ahora. «El problema es que ahora Mendoza, basándose en fallos judiciales de otros conflictos, plantea que el concepto ‘fuente hidroeléctrica’ no refiere al Río Atuel en general, sino al sitio donde se encuentra la pendiente que posibilita la generación eléctrica», detalló.

Para el dirigente radical, esta interpretación contradice la Ley 15.336 y el Decreto 1560/1973 del Estado Nacional «que es el que implementa la división de las regalías en partes iguales».

«Teniendo en cuenta estos datos es que, no sólo reclamamos que la potestad compartida de las regalías sea por ley, sino que, además, solicitamos un resarcimiento por lo años que no cobramos, cuyo monto deberá ser calculado por la Secretaria de Energía en base a la energía generada en dicho período», enfatizó.

Por otro lado, en el marco del enfrentamiento entre La Pampa y Mendoza por la utilización del río Atuel, que data de 70 años, el viernes de esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la demanda de La Pampa hacia la provincia limítrofe por el corte del Atuel.

En el fallo, se reclama la restitución del caudal fluvioecológico mínimo e indispensable para el desarrollo de la zona y exige una indemnización varias veces millonaria en concepto de daño y pasivo ambiental.