Marcos Zandomeni, ministro de Energía de la provincia, reconoció que el Poder Ejecutivo está trabajando activamente en la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de San Jorge. Explicó que el expediente se está elaborando con la UTN y sostuvo que el Gobierno maneja dos opciones: presentar una nueva DIA o desarchivar la de 2011, porque aquel proyecto «no se votó y se rechazó, sino que se archivó» en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Zandomeni no dio pistas respecto de la decisión que se tomará finalmente para reactivar San Jorge. «Eso va a depender de la mesa política del PJ, que es la que decidió activar los proyectos de Malargüe», se excusó.

Ante esta afirmación, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, no dudó en salir al cruce. «Mi opinión es que no debe tomarse una decisión partidaria porque ni en el PJ ni en la oposición hay posturas homogéneas sobre la minería. Esto es un tema de gestión y lo tiene que definir el Poder Ejecutivo», señaló Tanús. Y agregó: «El Gobierno tiene que tener una posición técnica y enviar a la Legislatura un proyecto que contenga un menú de posibilidades».

Tanús está a favor de la minería, pero sostuvo que esa posición no es compartida por los intendentes y legisladores oficialistas de General Alvear y el Valle de Uco. «Yo no voy a obligar a ningún legislador del Valle de Uco a votar contra lo que ellos piensan y aquí no va a haber decisiones colegiadas y estrictas en ningún partido», advirtió el jefe de la Cámara Baja.

«Yo pienso de todos modos que todo lo que genere trabajo hay que hacerlo ayer», aclaró por otra parte Tanús, quien, a diferencia de Zandomeni, atribuyó la reactivación del debate en torno a algunos proyectos mineros a la presión del intendente de Malargüe, Juan Agulles; y el acompañamiento de dirigentes como Alejandro Abraham y Rubén Miranda, más que a una decisión política consensuada por la totalidad del PJ.

Primeros cruces

Pero antes de que se defina el futuro de San Jorge, la minería ha comenzado a generar rispideces entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura.

Esta semana, algunos hombres del oficialismo legislativo no dudaron en calificar como «un error del Ejecutivo» que la DIA para el proyecto Cerro Amarillo, de extracción de cobre, haya llegado sin el informe del IANIGLA que determinará si la zona donde se sitúa el emprendimiento es glacial o periglacial, y por lo tanto, debe ser protegida.

Otros peronistas señalaron, por otra parte, que «hizo ruido» la presentación de una Agencia de Protección Ambiental por parte del ministro de Tierras, Guillermo Elizalde, justo cuando comenzaba a discutirse el expediente de Cerro Amarillo y Hierro Indio en el Senado.

En el Ejecutivo, en tanto, no dramatizaron el problema que demorará varios meses el tratamiento de Cerro Amarillo. El ministro Zandomeni sostuvo que la minería se tiene que trabajar «a largo plazo, de aquí a 10 años» y valoró la reapertura del debate en Mendoza sobre esta actividad, con algunas aclaraciones: «Esto es una alternativa adicional para la matriz productiva de Mendoza, sólo para desarrollar en el secano y con el corsé legal existente».

En la Legislatura, el peronismo también tuvo sus propios problemas. La apresurada defensa de la minería por parte de la senadora malargüina Silvia Calvi y aquel pedido para que los «dejen contaminar un poquito» precipitó su salida de la presidencia de la comisión de Ambiente de la Cámara Alta, lugar al que no volverá mientras se estén discutiendo las DIA de Cerro Amarillo y Hierro Indio.

Hay rumores en la Legislatura sobre un choque transversal entre legisladores promineros y antimineros que complicará el tratamiento de cualquier proyecto, pero en todos los ámbitos el PJ es optimista respecto de la aprobación de la única iniciativa que se puede definir en el corto plazo: Hierro Indio.

El proyecto para extraer hierro es mucho más humilde que Cerro Amarillo, pero también es el que menos puntos débiles tiene, según el oficialismo. Desde el PJ destacan que no empleará agua y que no está comprendido dentro de la zona protegida de la cuenca del río Atuel.

«En dos semanas más vamos a llevar Hierro Indio al recinto para que se vote», pronosticó el jefe del bloque de senadores del PJ, Fernando Simón, y minimizó los cuestionamientos de las organizaciones ambientalistas.

Resquicio 

Hierro Indio, en estas circunstancias, es el único resquicio del oficialismo para reintroducir la minería en Mendoza en el corto plazo. «Si esto sale mal, no se puede ni hablar de San Jorge», aseguran en la Legislatura, en cuanto al proyecto que discute un plenario de comisiones del Senado.

El apuro por aprobar la DIA de exploración sugiere que inmediatamente después podría reactivarse el tratamiento de San Jorge, pero al respecto sólo hay especulaciones en el PJ.

Algunos peronistas ponen como tope para esta discusión la próxima Fiesta de la Vendimia, debido a que entonces se impondrá la agenda electoral y podrían surgir complicaciones. Dicen que dependerá, además, de las encuestas, que hoy dan margen para el desarrollo de la minería con controles.

En cambio, desde el Ejecutivo, el ministro Zandomeni sostiene que el año electoral no bloqueará San Jorge debido a que «los candidatos presidenciales no tienen un discurso contra la minería» e insiste en un trabajo a largo plazo.

Hay que recordar que San Jorge cambió de manos este año. En lugar de la empresa canadiense Coro Mining entraron en juego dos firmas rusas, Aterra Capital y Solway Investment, las cuales, como primera y polémica medida, invitaron a funcionarios y legisladores a un tour para conocer proyectos mineros que desarrollan en Macedonia.

La campaña de los rusos ha seguido en la Legislatura, donde Tanús los recibió hace poco junto a su enlace local, el abogado Fabián Gregorio, para conocer su proyecto y las alternativas que ofrecen.

«Ellos saben que tienen un activo de riesgo y tienen predisposición a colaborar»,aporta por su lado Zandomeni, uno de los hombres del Estado mendocino que estuvo en Macedonia.

Los rusos manejan entre dos y tres alternativas para San Jorge. La que es aparentemente más viable es la de reformular el proyecto para que el material que se extraiga en Uspallata se procese en San Juan, donde no hay una ley como la 7722, que bloquea el uso de sustancias tóxicas. Esa idea demandaría la inversión de unos 500 millones de pesos.

Si se insistiera, en cambio, en procesar el material en Uspallata, la inversión bajaría a solo 200 millones de pesos.

Con el plan B, la zona de Las Heras donde se haría la extracción se convertiría en una simple «calera» y sería más probable obtener la «licencia social» que en 2011 no existía. Aunque por otro lado, hay quienes advierten sobre una reducción de beneficios para Mendoza, en especial respecto de los puestos de trabajo.

En ningún escenario el PJ espera una definición que ayude de la Suprema Corte de Justicia, que tiene desde hace varios años para resolver varias demandas de inconstitucionalidad contra la ley 7722.

Por Juan Carlos Albornoz

http://www.mdzol.com/nota/564688-cruces-en-el-oficialismo-por-el-proyecto-san-jorge/