Desde la Casa Rosada, en un mensaje grabado, la jefa de Estado ofreció las particularidades de la iniciativa.

“Delega toda la investigación en el fiscal. El juez es el que juzga pero la investigación es dirigida y conducida por fiscal. Las victimas van a poder participar en el proceso junto al fiscal, exigiendo medidas”, dijo la mandataria.

“Todas las decisiones serán orales en audiencias públicas. Da una participación por parte de la víctima que no se tiene. El juicio oral se realiza entre cinco y 30 días una vez finalizada la investigación. La causa no prescribe. Si el juez o fiscales no cumplen con tiempos van a sufrir sanciones. Este código prevé que los jueces que no cumplen con los procesos son sancionados con sanciones graves. Tres son causal de jury de enjuiciamiento”, agregó.

La presidenta recalcó que “se tendrá en cuenta la reincidencia del autor” para que “la sociedad se sienta protegida y segura” y sentenció que “quienes cometan delitos graves estarán presos desde el primer día de la investigación.

También destacó que la reforma responde, en parte, a una demanda de la «sociedad» para «asegurar la administración de la justicia penal mucho más segura, que contemple la reparación de víctimas y la participación de las víctimas como contralor» de las causas.

«Estamos enviando un instrumento ágil, rápido, moderno, demandado por la propia realidad y por los jueces. La sociedad se siente desprotegido o que no hay tutela sobre sus intereses con el código actual. Por eso estamos enviando esto a lo que nos habíamos comprometido. El objetivo final es el ciudadano que tenga certidumbre que hay elementos e instrumentos legales que lo protegen. Y cuando ese fiscal o juez no cumple que se tomen medidas para que ese fiscal o ese juez dejen de serlo».

Por CRONISTA.COM