Cada vez está más cerca fin de año y diciembre es el mes que esperan  miles y miles de empleados públicos (privados también, claro) para cobrar su aguinaldo. Pero en el Gobierno provincial reconocen que desde ahora están haciendo todos los esfuerzos posibles para poder abonar, en tiempo y forma, ese medio sueldo complementario que s corresponde a los trabajadores por ley. Es decir que, por el momento, no hay certezas. O, al menos, hay incertidumbre porque aún no se consigue el préstamo que alivie  el déficit de las cuentas públicas.  

“Estamos trabajando con todo para pagar el aguinaldo. Estamos intentando que los trabajadores cobren en tiempo y forma”, respondió el ministro de Hacienda, Juan Antonio Gantús, cuando se le consultó por el tema. Cuando se insistió sobre si hay certezas respecto a ese pago, el funcionario de Pérez volvió a  decir: “Estamos trabajando…”. Asimismo, Gantús manifestó la preocupación que tanto él como el gobernador Francisco Pérez tienen por la situación económica de la Provincia y el panorama que se avizora.

“Estamos esperando que el Gobernador llegue a la provincia (hoy vuelve de su viaje por Estados Unidos). Nos pidió detalles en el presupuesto para el año que viene y que profundicemos en algunos aspectos. Avalúo e impositiva ya los tiene en sus manos. Está muy preocupado por la situación económica. Quiere ver qué mecanismos podemos poner en marcha.

Le preocupa por ejemplo el tema vitivinícola, el sector primario. Queremos mantenernos fuertes en la política de inclusión que siempre hemos tenido”, explicó el titular de la cartera, puntualizando que todo se complicó más luego del fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre.

Proveedores

Por un lado, está la masa de asalariados que espera llegar a fin de año sin inconvenientes ni sorpresas. Por otro, quienes a veces parecen invisibles pero para nada lo son: los proveedores del Estado. Ellos dicen que el atraso en el pago es desde mayo, mientras que Hacienda manifiesta que es de sólo 60 días.

“Recién ahora (octubre) están pagando mayo. El 12 de setiembre tuvimos reunión con el nuevo ministro (o sea cuando Gantús recién asumía). Él nos fue sincero, nos dijo que no había plata pero que en dos semanas podía depositarnos algo y el resto del dinero estaba destinado a los empleados  públicos. Ahora estamos proveyendo octubre con normalidad. Yo, por ejemplo, recién cobré mayo la semana pasada. Una parte de las raciones que se entregan a las escuelas es lo único que están pagando más o menos a tiempo porque es plata que viene de la Nación”, señaló un proveedor que prefirió preservar su identidad.

Mientras que, en la misma línea, otro proveedor remarcó que el pago está bastante atrasado. “Siempre estuvo complicado pero este año fue el peor de todos. De lo que se habló con los funcionarios a principio de año no se cumplió casi nada. Desde mayo nos deben. Nos dieron el aumento del 30% pero con la condición de que en junio nos sentáramos a rever. No se cumplió, dicen que no tienen plata. Nosotros seguimos proveyendo porque es nuestro trabajo y dimos nuestra palabra. Pero hay proveedores que ya no pueden seguir. Hay productos que han llegado a aumentar hasta 50%. La leche sube todos los meses entre 5 y 7%; lleva un 35 % en lo que va del año”.

Por su parte, respecto a este tema específico Gantús comentó: “Reconozco que hay casos puntuales en los que hay más atraso. Pero en general no son más de 60 días. Este mes vamos a tratar de cancelar agosto. Hay casos que sí tienen más demora pero no es porque el ministerio no quiera pagar sino porque no se sabe qué sucedió. A veces se nos pasan algunos y les pedimos las disculpas».

Sobre a cuánto asciende la deuda que mantiene el Gobierno con ellos y las chances reales de saldarla en lo inmediato, el contador que conduce Hacienda detalló: “La deuda la registramos en la Tesorería de la Provincia. Son 800 millones de pesos. Depende de los recursos si podremos o no cancelar la deuda antes de fin de año. No está en la intención hacerles un daño patrimonial ni económico”.

Ese monto, 800 millones, es justamente la deuda autorizada por la Legislatura que aún no se consigue, pero los proveedores no son los únicos destinatarios de ese dinero.