El diputado nacional por el Frente de Izquierda estuvo en el departamento, para reunirse con miembros de distintas organizaciones. Dio una interesante entrevista con algunos medios, mostrando su postura ante temas de actualidad.

 Diputado, el motivo de su presencia.

Vinimos con la idea de divulgar nuestro proyecto de ley que presentamos tanto en el Congreso Nacional, como en la Legislatura, para prohibir los despidos por 24 meses como una ley de emergencia ante la situación que se está dando actualmente.

De hecho en el día de ayer, durante el paro nacional, fue uno de los principales reclamos que planteamos desde todos los sectores ligados al sindicalismo de izquierda y el FIT. También rechazamos el impuesto al salario, la necesidad de un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar, por eso creemos en estos momentos, que es muy importante que se ponga en discusión este tema. Ni siquiera hasta ahora se ha podido debatir. No estamos hablando ya de que se apruebe (aunque vamos a bregar por eso), sino al menos de que se ponga en discusión. Las fuerzas mayoritarias, tanto del oficialismo como de la oposición tradicional (radicalismo o Pro), no han planteado la posibilidad de que este tema se discuta. Esto está afectando a millones de trabajadores en todo el país.

Ha habido declaraciones de Recalde (FPV) diciendo que no había preocuparse mucho porque los despidos eran “minoritarios”, cuando estamos hablando de que el propio INDEC dice que son 200 mil despidos. Otros analistas señalan que han entre 400 y 500 mil, entonces esto nos preocupa mucho que se tenga esta visión, porque esas familias no lo deben considerar de la misma manera.

También sabemos que en San Rafael hay una situación compleja para muchos trabajadores. Sabemos que ha habido despidos en algunos lugares importantes, como Bianchi, o conserveras que dan trabajo temporario y han ocupado menos trabajadores que el año pasado (menos de la mitad) y eso también es preocupante.

Otro de los reclamos que incluimos ayer y que no lo hicieron ni Moyano ni Barrionuevo, es por el 35% de los trabajadores que ni siquiera tienen derecho a huelga. Por eso a veces se habla de piquetes que no permiten a la gente ir a trabajar, cuando en realidad a muchos trabajadores les sirve de cobertura para poder adherirse a un paro y decir “no estoy de acuerdo con cobrar 3.500 pesos o 4.000” pesos que es lo que cobran millones de trabajadores en nuestro país.

¿Qué van a hacer puntualmente en San Rafael?

Vamos a estar en el IES del Atuel dando una charla, continuando con un ciclo que ya comenzó hace dos meses sobre las ideas de Marx y su vigencia en la actualidad. Es un ciclo muy exitoso de videos que ha hecho el grupo “Contraimagen”, que está dándose en el IES del Atuel.

Mañana nos reunimos con “Hacemos Cultura”, compañeros que también luchan por espacios culturales y por unir el arte con la lucha del pueblo trabajador y también con organismos de derechos humanos, que particularmente vienen llevando una lucha desde hace mucho tiempo en San Rafael. Charlaremos con ellos sobre la represión policial e institucional que se da acá.

¿Algina reflexión sobre los “Fondos buitre” y las medidas que quiere tomar la Presidenta Kirchner?

En relación a eso somos muy claros: creemos que hay que rechazar el fallo de Griesa y rechazar el pago a los “Fondos buitre” pero creemos que el gobierno busca un relato épico con “patria o buitres”, cuando en realidad fueron ellos mismos los que buscaron volver al mercado de capitales a obtener créditos y endeudar el país, por eso le pagó al Club de Paris, por eso se votó la vergonzosa ley de indemnización de 6.500 millones de dólares a Repsol, que el mismo Axel Kicillof había dicho que “Repsol iba a tener que pagarle a la Argentina por los daños que causó”, y terminó siendo que ese dinero fueron para esa empresa vaciadora.

Hubo un intento del gobierno que entró con el fallo de Griesa, pero el fallo tiene una validez en tanto y en cuanto fue el gobierno el que reconoció a los tribunales norteamericanos como jurisdicción, porque durante la dictadura (el 6 de mayo de 1976) se modificó un artículo del Código Civil y Comercial, permitiendo la prórroga de jurisdicción a los tribunales de Londres, o de Estados Unidos. En el canje de 2005 y en el 2010, no se revisó esto, no se rechazó esa prórroga de jurisdicción, por eso los tribunales norteamericanos podrían tomar una decisión sobre lo que podría pasar en Argentina. Nosotros vamos a rechazar esta “le y de pago soberano” ya que para nosotros no es “soberano” pagar una deuda que ―como dijo el Juez Ballesteros en la investigación sobre Olmos― es ilegal y fraudulenta. Él detectó más de 400 maniobras ilegales hechas por la dictadura militar. Nosotros siempre lo rechazamos e incluso propusimos una consulta popular para que sea el pueblo el que decida sobre esto, porque no puede ser que se hipoteque no solo el presente, sino también el futuro de los argentinos.

¿Qué opina de la “ley antiterrorista”?

Siempre estuvimos en contra, rechazamos esta ley que es pedida por la Secretaría de Estado norteamericana, una ley que busca criminalizar la protesta social. La rechazamos y planteamos, si quieren solucionar el tema de la gráfica Donnelley, un proyecto que yo presenté en el Congreso para que sea estatizada y se puedan mantener las 400 fuentes de trabajo.

¿Cómo es legislar en un Congreso Nacional para un diputado que pertenece a un espacio político tan joven?

Para nosotros es más difícil en el sentido de que la agenda que tiene el Congreso, tanto del oficialismo como de los opositores, no tiene nada que ver con las principales problemáticas de las clases trabajadoras y del pueblo, por eso es muy difícil la tarea nuestra, porque ellos nos están dispuestos siquiera a debatir. Inclusive, teniendo en cuenta que en Mendoza un 15% del pueblo votó al Frente de Izquierda y adhiere a nuestra idea de que un funcionario gane lo mismo que un trabajador, eso ni siquiera lo quieren debatir en la legislatura y además van en contra de esa idea, como se demostró en el Concejo Deliberante de Guaymallén, donde el intendente quiso en acuerdo con las fuerzas mayoritarias, aumentar de 26 mil a 40 mil pesos el salario de un concejal. Es una vergüenza y a pesar de eso, estamos muy contentos con la adhesión que recibimos y también por el hecho de que la tarea no esté solamente dentro del recinto, sino también afuera, por eso apoyamos a los trabajadores no solamente en Mendoza, sino a nivel nacional, tanto como fue el caso de los compañeros de Donnelley o de Lear y otras numerosas luchas.

Usted habló de sueldos, en este caso de concejales. Uno de los ejes de su campaña fue justamente el tema de lo que debían ganar los legisladores. Hace unos días se habló de “actualización de sueldos” y usted estaba en el foco de la cuestión, concretamente ¿cuál es su pedido en cuanto a eso?

Actualmente, todos los legisladores del Partido de los Trabajadores Socialistas y del Frente de Izquierda, nos quedamos con 8.500 pesos de sueldo y el resto se destina a los “fondos de la lucha”,  y apoyar a distintos sectores que consideramos que necesitan ese dinero. Eso está registrado. Planteamos que a partir de enero ―como hacen todos los trabajadores― tener una actualización, porque este monto nosotros lo definimos antes de la devaluación, entonces al año siguiente haremos una actualización como hace la paritaria de un trabajador, de acuerdo a lo que valga la canasta familiar en ese momento.

¿Qué opina de la “ley de abastecimiento” dado los resultados que ha dado en Venezuela?

No conozco a fondo cómo son los resultados de Venezuela con respecto a la “ley de abastecimiento”. Sí nuestro pensamiento es que viniendo de parte de un gobierno que se niega a que exista un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, que votó una moratoria para que el trabajador se pueda jubilar (y apoyamos esa ley), pero claramente estamos en desacuerdo con que un jubilado gane 2.700 pesos y que a partir del próximo mes gane 3.231 pesos, ya que nadie puede vivir dignamente con ese salario.

Hay una prioridad que es “pagarle a los buitres”, pero la ley de abastecimiento parece ser una cortina de cortina de humo para mostrar que el gobierno tiene interés en controlar a las empresas, cuando en realidad las viene beneficiando claramente.

Hablan de “ley de defensa del consumidor”, pero para eso, qué mejor que exista un salario digno, que se termine con el IVA y todos los impuestos regresivos al consumo. Es un gobierno que permanentemente se niega a esta medidas que beneficiarían al pueblo trabajador.