En el marco de las investigaciones sobre el financiamiento a ex militares y civiles que cometieron crímenes durante la última dictadura, la Unidad de Información Financiera (UIF) informó a distintos organismos la decisión de varios tribunales del país de congelar bienes de 17 represores prófugos de la justicia.
Con esta decisión, lo que el organismo oficial del control de lavado de activos y delito económico logra inmovilizar activos que les permitan a estos reos subsistir mientras permanecen fuera de la ley.
En el listado hay ex miembros del Ejército, Policía Federal, Inteligencia de las fuerzas de seguridad de las provincias, Infantería y hasta Buzos Tácticos de las Fuerzas Armadas. Otro punto relevante es que dos de los 17 prófugos integraron el entramado represivo de Olavarría, localidad donde fue hallado el nieto 114 restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, Ignacio Guido Montoya Carlotto, hijo de Laura Carlotto y Walmir Montoya.  Es la primera vez que se lleva a cabo una inhibición de bienes tan grande en el marco de las causas vinculadas a Derechos Humanos. A raíz de esta medida, la UIF le dio una orden basada en distintos fallos judiciales a una serie de “Sujetos Obligados” de Información, que ante cualquier movimiento u operación que consideren extraña y pueda estar vinculada a los prófugos, darán aviso a los organismos oficiales.
Esos datos son utilizados como pistas para dar con las personas que actuaron en la época de la dictadura, y como material para los juicios que ya están en marcha. Entre estos “Sujetos” se encuentran el Banco Central; los bancos privados nacionales y extranjeros públicos o privados; compañías financieras; operadores de tarjetas de crédito; los Registros de la Propiedad y del Automotor y otros organismos públicos.
La gran mayoría de los acusados cuyos fondos fueron congelados, once en total, son de la provincia de Mendoza, que exhibe el triste récord de ser la jurisdicción con mayor número de prófugos del país con 21. En Mendoza funcionaron dos mecanismos bien marcados de fuga, en un principio se produjeron a partir de excarcelaciones masivas de la Cámara Federal, integrada por los ahora ex jueces Otilio Romano y Luis Miret (en este momento juzgados por delitos de lesa humanidad), y luego, en los últimos dos años, a medida que avanzaron las investigaciones, a partir de los pedidos de detención de la fiscalía para evitar ser enjuiciados.