El Tribunal Oral Federal N°3 iniciará el martes 30 el debate contra cinco ex empleados acusados de “defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública”. En la causa, se investigaron una serie de maniobras realizadas contra los intereses del Estado y a favor del grupo empresario por un importe estimado de 332 millones de pesos, a cobrar en bonos de consolidación.
El grupo Greco era un conglomerado de 45 empresas con origen y sede en Mendoza, que poseía 35 bodegas propias, más de cien alquiladas, marcas como Resero, Talacasto, Arizu, Catena, Agua Villavicencio, empleaba 20 mil personas en forma directa, a lo que se sumaban decenas de miles de cabezas de ganado y de hectáreas, entre otras cosas.
En el debate, se intentará determinar si los ex empleados beneficiaron al Grupo Greco en detrimento de los intereses del Estado, en base a un acuerdo firmado durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

El Tribunal integrado por los jueces Jorge Humberto Gettas, Miguel Guillermo Pons y Fernando Ramón Ramírez, escuchará alrededor de 50 testigos ofrecidos tanto por el Ministerio Público Fiscal representado por Stella Maris Scandura como por la Oficina Anticorrupción, que actuará como querellante.
Los acusados son la ex directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía Yolanda Eggink; el ex subsecretario Legal de la cartera Osvaldo Siseles; el ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados Daniel García; la ex abogada de la Dirección de Asuntos Judiciales Beatriz Pernas, y el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial de la Dirección General de Administración del Ministerio Juan Cayetano Intelisano.
En el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Miguel Ángel Osorio, se describen dos etapas de la maniobra realizadas en el marco de un expediente que tramitaba en un juzgado civil y comercial por la ejecución del convenio. En ese marco, en agosto de 2005, se condenó al Estado a pagar 332 millones de pesos en Bonos de Consolidación al Grupo.

El convenio y el inicio de la causa
El Grupo Greco era un conglomerado de empresas relacionadas con la industria vitivinícola. En 1980, luego del vaciamiento y caída del Banco de Los Andes (relacionado con el Grupo), el gobierno de facto dictó una serie de leyes que ordenaron intervenir el conglomerado. Los titulares fueron encarcelados y liberados en 1984, lo que originó un reclamo de su parte hacia el Estado.
En agosto de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se firmó un convenio en donde Greco acordó ceder al Estado Nacional un número de empresas a cambio de restituir el paquete accionario de otras sociedades que habían sido intervenidas. El pacto fue aprobado por decreto y homologado luego judicialmente. El convenio nunca se cumplió, por lo que en noviembre de 1991 los representantes del Grupo promovieron una acción judicial que recayó en la justicia civil y comercial federal.

En un primer momento, ambas partes reclamaron “existencias de acreencias a su favor”. Durante los ’90, se formó una comisión asesora para intentar llegar a un acuerdo. Finalmente, el 28 de diciembre de 2001, en medio de la crisis política que había llevado a la renuncia al presidente Fernando de la Rúa, el juez Francisco de Asís Soto estableció que el Estado y los empresarios debían determinar el monto de indemnización por daños y perjuicios.
La resolución fue apelada por María Eugenia Martínez, en aquel momento apoderada del Ministerio de Economía, quien rechazó los 541 millones de dólares pretendidos por Greco y realizó la liquidación que le correspondería cobrar al Estado: 547 millones de pesos.  Para la funcionaria, lo solicitado no tenía “ningún rigor científico y jamás fue considerado por el Estado ni por el juzgado interviniente”.
A partir de ese momento, todas las actuaciones fueron en línea a rechazar cada una de las presentaciones del Grupo y con el objetivo de lograr una indemnización favor del Estado, basadas en todos los créditos pagados en subrogación, es decir, en lugar de Greco. Pero a principios de 2004 fue nombrada una nueva apoderada: Beatriz Pernas

Las maniobras
Durante 2004 se realizaron audiencias conciliatorias fijadas por el juez, en las que participó Pernas y los abogados de los empresarios. El intercambio de opiniones no fue volcado en ninguna de las actas realizadas y a partir de ese momento “se cambió la estrategia del expediente”. García, en abril de 2005, presentó un escrito donde se desdijo completamente de lo sustentado en interés del Estado.
“A partir de la intervención de Pernas y García, la situación del proceso varió sustancialmente”, sostuvo el fiscal, quién explicó que de debatirse cuales eran las deudas de ambas partes se pasó a discutir exclusivamente el valor de lo propuesto por el Grupo. En diversas presentaciones, se utilizó documentación (del Tribunal de Tasaciones, por ejemplo) a pesar de que las propiedades no estaban identificadas en cuanto a pertenencia o titularidad del Grupo.
En mayo de 2005, en un escrito firmado por García y aprobado por Eggink y Siseles, se resumió: “por razones de economía procesal y a fin de evitar futuras incidencias derivadas de sucesivas impugnaciones, venimos a practicar liquidación de las sumas pretendidas por la actora”.  Luego de una serie de reformulaciones, en agosto de 2005 se decretó el pago por parte del Estado de 332 millones en bonos de consolidación.
Para Osorio, Pernas, García, Eggink y Siseles incumplieron con los cargos que les fueron asignados y procuraron un “beneficio indebido” para el grupo empresarial, “obligando abusivamente al Estado y comprometiendo los intereses patrimoniales”. Concretamente: el Estado pasó de reclamar 500 millones de pesos y alegar que no tenía ningún tipo de deuda a consentir una decisión que lo obligaba a desembolsar 332 millones, en función de documentación acompañada unilateralmente por los abogados de Greco.

La segunda parte de la maniobra fue llevada a cabo por Intelisano, luego de la homologación de la deuda. El acusado tenía a su cargo el área que tiene por función la liquidación de deudas consolidadas que resulten de procesos liquidatorios de empresas privatizadas o liquidadas por el Estado. Pero no se designó a esa dependencia para intervenir en el expediente y se omitió requerirle respuesta acerca de las deudas del Grupo que fueron contraídas por el Estado.
En mayo de 2006, fueron enviados a la Oficina Nacional de Crédito Público los formularios de requerimiento de pago junto con una carta suscripta por Intelisano. El valor real de la deuda, para ese momento, era de 600 millones. A fines de junio, se informó que el presupuesto aprobado no alcanzaba a cubrir las sumas acumuladas. El Poder Ejecutivo envió, entonces, un proyecto de ley al Congreso Nacional para ampliar en 1300 millones de pesos el importe de bonos para la “cancelación de diversos pasivos originados en 2006”.

Para Osorio, Intelisano consolidó la acción ilícita comenzada por los otros acusados. Lo hizo mediante la suscripción de los requerimientos de pago y las cartas de gerencia, que permitieron la efectivización del pago. En el requerimiento, el fiscal consideró que la maniobra defraudatoria se implementó bajo un canal administrativo de pago aislado, para impedir que la información relevante conocida por los organismos competentes ingresara al expediente.
Si bien el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en Senadores chocó con la oposición de algunos de los miembros. En base a esto, la ex ministra Felisa Miceli resolvió abrir un sumario contra los acusados y ordenó revocar todos los actos administrativos desde septiembre de 2004.