Advirtió que la norma es inconstitucional; si no se invierte, dicen, caerá la actividad
La cúpula de la UIA brindó ayer una conferencia en la que reiteró su rechazo al proyecto. Foto: LA NACION / Hernán Zenteno
-Con todo esto, ¿lo extrañan a Guillermo Moreno?
Por primera vez en toda la conferencia de prensa, los cuatro dirigentes fabriles se quedaron mudos. Héctor Méndez, líder de la Unión Industrial Argentina(UIA), sonrió y esperó a que quienes lo escoltaban -Daniel Funes de Rioja, José Ignacio de Mendiguren , Juan Carlos Sacco y Martín Etchegoyen- contestaran por él la pregunta de LA NACION. Funes de Rioja asumió la respuesta:
-Lo que extrañamos es la Constitución Nacional.
Hay que admitir que fue un buen resumen de la convocatoria que hizo ayer la UIA en su sede de la Avenida de Mayo para quejarse del proyecto de ley de abastecimiento, al que considera inconstitucional. Convencidos de que podría prosperar, emplearon incluso palabras más fuertes. «Nuestra función es evitar los abusos de autoridad, y estamos cerquísima de un abuso de autoridad», planteó Méndez.
El malhumor era más visible que otras veces. Derribados los puentes de entendimiento con el Ministerio de Economía, sobrevolaba la sensación de que se avanza hacia un escenario más hostil a los negocios. Lo anticipó hasta Sacco, hombre que hace dos años llegó a definir a Moreno como «un patriota». Pero ha pasado el tiempo y cambió todo, hasta los nombres. Augusto Costa, sucesor en ese cargo, es en quien la ley depositará la atribución de decidir y sancionar, algo que la UIA juzga un avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Nada que Costa no les hubiera anticipado al asumir: darle institucionalidad a lo que venía haciendo Moreno. «Muchachos, ¿ustedes creen que alguien podrá invertir en el país con todo eso?», se preguntaba ayer Sacco, mientras señalaba el texto enviado por los industriales a los senadores.
El de las inversiones fue el eje en que insistieron ayer. Etchegoyen, director ejecutivo de la UIA, ya tiene el cálculo. «Esto va a retraer la inversión. Nosotros prevemos que este año va a bajar al 20% del PBI, después de haber tocado hace no tanto un pico de 22%. La Argentina necesita 25 por ciento», dijo.
Se les apuntó que otros países tenían también leyes duras antimonopólicas. El artículo 102 de la ley antritrust de la Unión Europea, por caso, considera abuso de posición dominante prácticas como imponer directa o indirectamente precios de venta desleales o limitar la producción en perjuicio de los consumidores. «Es cierto -acotó Funes de Rioja-, pero en esos países hay un procedimiento, un tribunal, una instancia de presentación de pruebas, y además la ley establece bajo qué condiciones se puede ser multado. Acá se habla de márgenes «razonables», se le da toda la atribución a un secretario y se exige pagar primero y después reclamar».
La UIA considera que la regulación antimonopólica está en la ley de Defensa de la Competencia, sancionada en 1999. Preveía la creación de un tribunal, aún pendiente. «Nos inquieta la arbitrariedad», redondeó Mendiguren: «Si acá no se invierte, va a ser difícil revertir la caída en la actividad».
Otro factor de irritación fue el anuncio de que la ley excluiría a pequeñas y medianas empresas, como anunció ayer el Gobierno y celebraron la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que conduce Osvaldo Cornide, y la Cgera, encabezada por Marcelo Fernández. Funes de Rioja lo expuso con ironía: «Ah, si es una ley a medida, entonces que hagan una lista de las empresas que entran y las que no. Son discriminaciones que agravan la inconstitucionalidad del proyecto».
REUNIÓN CON LOS DIPUTADOS
Diputados de la oposición de distintos bloques se entrevistaron ayer con la cúpula de la UIA, con la que coincidieron en cuestionar con dureza el proyecto de ley de abastecimiento, que ayer tuvo dictamen en el Senado. De la reunión participaron los diputados Cristian Gribaudo (Pro); Ricardo Buryaile (UCR); Virginia Linares (GEN) y José Ignacio De Mendiguren (Frente Renovador). Desde la Cámara de Diputados, la oposición ya adelantó su rechazo al proyecto que impulsa la Casa Rosada.
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