Un día después de que Cristina Kirchner anunciara la intención del Gobierno deaplicar por primera vez la llamada ley antiterrorista como respuesta a la quiebra presuntamente fraudulenta de la imprenta Donnelley, la oposición anunció que intentará derogar la controvertida norma, además de criticar con fuerza la decisión oficial de recurrir a ella.  

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Pro), incluyó en el temario de la próxima reunión, prevista para el martes próximo, todos los proyectos que proponen derogar o modificar la ley 26.734, con la intención de emitir un dictamen.

«Nos parece una buena oportunidad para avanzar con el tema», dijo Bullrich a LA NACION. «El uso arbitrario que le quiere dar el Gobierno a la ley demuestra que es una herramienta que puede usarse para cualquier cosa», sostuvo la diputada, que adelantó que cuenta con el respaldo del resto de las bancadas opositoras.

De acuerdo con la denuncia de la Presidenta, la quiebra de la empresa, que dejó a 400 trabajadores en la calle, es parte de un plan desestabilizador del que forma parte uno de los fondos buitre que litiga contra la Argentina en los tribunales de Nueva York. En el oficialismo ya anticiparon su rechazo a la convocatoria de la diputada de Pro. «¡Bullrich, dejanos defender a la Patria!», le respondió la kirchnerista Diana Conti.

Dado que la oposición no tiene mayoría en la comisión ni en la Cámara baja, sólo podrá llegar a un dictamen de minoría que, casi seguro, nunca llegue al recinto. Pero le servirá a la oposición para volver a instalar una discusión que, en el momento de su sanción, había generado divisiones en el propio oficialismo. Ocurre que en esa época no se sospechaba que pudiera dársele el uso que intenta la Presidenta y se temía, en cambio, que la ley se usaría para criminalizar la protesta social.

En la antesala de la reunión del martes, la oposición en todas sus vertientes cuestionó no sólo la intención oficial de utilizar la ley contra Donnelley, sino la validez de la norma en sí.

Desde el radicalismo, expresaron su rechazo el senador Ernesto Sanz y el diputado Julio Cobos, ambos candidatos a presidente.

«Las amenazas del Gobierno no hacen más que empantanar la economía. Ayer [por anteayer], la Presidenta hizo una clara demostración de su poder, agarró el micrófono y de un plumazo puso en riesgo el trabajo de centenares de argentinos», advirtió Sanz.

Cobos, por su parte, planteó que la decisión del Poder Ejecutivo de apelar a la ley antiterrorista «genera incertidumbre» y «desalienta inversiones» en un contexto económico que describió como «complicado».

Graciela Camaño, espada de Sergio Massa en la Cámara de Diputados, habló de «la ley del apriete», y aseguró que el Gobierno pretende utilizarla «como una herramienta de amedrentamiento a la sociedad».

Su par Adrián Pérez, también del Frente Renovador, exigió la derogación de la norma con el argumento de que «es un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos».

El jefe de la bancada macrista, Federico Pinedo, en tanto, opinó que «denunciar por terrorismo a un quebrado es un discurso para la tribuna». Además, tras tildar la ley de «aberración», advirtió que «es altamente preocupante» que el Gobierno la utilice «como una mera herramienta política».

A las críticas se sumó Francisco De Narváez, que acusó a la Casa Rosada de haber optado por la peor alternativa para resolver el conflicto de Donnelley. «Eligió el peor camino, que es meter miedo a quienes opinen distinto o actúen en forma diferente de lo que ellos quieren», dijo.

Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), advirtió que el Gobierno «pretende barnizar la ley antiterrorista como una ley antibuitre». Y completó: «Acá hay una quiebra fraudulenta. Lo que hay que hacer es disponer de toda la legislación comercial y penal para investigar el fraude de la quiebra y proteger el empleo».

En la misma línea, Vilma Ripoll (MST-Nueva Izquierda), afirmó que, en lugar de recurrir a la ley antiterrorista, el Gobierno «debería expropiarla, estatizarla y garantizar los puestos de trabajo».

Por Gabriel Sued  | LA NACION