El gobierno de Cristina Kirchner demandó ayer a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar una «violación de sus inmunidades soberanas» la sentencia del juez de Nueva York Thomas Griesa que obligó a la Argentina a pagar 1500 millones de dólares a los fondos NML Elliott y Aurelius y congeló el pago del bono Discount por casi 900 millones a los bonistas de los canjes de 2005 y 2010.

Debido a la imposibilidad de los tenedores de bonos de cobrar antes del vencimiento el 30 de julio último, nuestro país entró en «default selectivo», según determinó la mayoría de las calificadoras internacionales. Griesa sostiene que la Argentina no les puede pagar a los bonistas si antes no cumple el fallo con los fondos buitre.

Luego de que se haga la presentación argentina en La Haya, los Estados Unidos deberán decidir si aceptan la jurisdicción del tribunal, algo que según los analistas es improbable que ocurra y podría desembocar en otro fracaso judicial.

La administración kirchnerista consideró que las decisiones de tribunales norteamericanos incurren en «la violación de su obligación internacional de respetar la soberanía de la Argentina, en particular sus inmunidades soberanas».

También lo acusó de «violación de su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado» y vulnerar «la obligación internacional de ejercer de buena fe y conforme a derecho las funciones judiciales que la República Argentina ha aceptado en el marco exclusivo del alcance de esta aceptación». En suma, señaló el Gobierno, «vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa».

El Gobierno acumula una sucesión de traspiés en su estrategia judicial. Originalmente reclamó a Griesa que repusiera el «stay» (medida cautelar) para suspender los efectos del fallo hasta diciembre próximo, algo que el juez rechazó. Luego pidió el desbloqueo de las transferencias congeladas en los bancos pagadores, que también fue desestimado por el juez.

Anteayer, la Argentina intimó a esos bancos a que les pagaran a los bonistas y exhortó a éstos a que reclamen a los bancos, pero Griesa lo volvió a impedir.

En caso de rechazar los Estados Unidos esa jurisdicción, la Argentina dijo que «ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver la presente controversia». Con esta explicación, emitida por un comunicado del jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, el Gobierno pareció prever el desenlace .

El Gobierno invocó como argumento que esa obligación surge «de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la OEA y del derecho internacional, que imponen a los Estados la obligación de solucionar sus controversias por medios pacíficos».

En un discurso emitido anoche por cadena nacional desde la Casa Rosada, la presidenta Cristina Kirchner explicó que la Argentina demandó a los EE.UU. y que ahora ese país «tendrá que decidir si acepta esa jurisdicción».

La mandataria precisó que «se ha presentado en La Haya una demanda contra los Estados Unidos por la actividad de su Poder Judicial» y explicó que «empleados dependientes de ese país han provocado daño conforme a derecho».

Cristina Kirchner descalificó a Griesa como un «juez municipal, que quiere atropellar y llevar por delante la soberanía de un país» y dijo que sus sentencias «no tienen pies ni cabeza» y caen en un «limbo jurídico». Señaló también que La Haya existe «para que los países no nos agarremos a los bombazos o a los misilazos» y resuelvan «pacíficamente sus diferencias».

En su comunicado, el jefe del Gabinete informó en sintonía con la mandataria que «la responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial».

Sostiene por ello que «un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos» y que «las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la República Argentina y los Estados Unidos, que nuestro país somete a la Corte Internacional de Justicia para su resolución» por ser principal órgano judicial de la Naciones Unidas.

Fuente: La Nación