La presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que promovió la aplicación por primera vez de la llamada ley antiterrorista, sancionada a instancias de su gobierno, contra la imprenta multinacional Donnelley por «alteración del orden económico y financiero».    

La denuncia ya la presentó la AFIP después de que la compañía que cerró la semana pasada consiguió que la Justicia le declarara la quiebra. La Presidentadijo que esa quiebra es «falsa» y vinculó a esa empresa gráfica con el fondo buitre NML, de Paul Singer, al que responsabilizó de tejer un «entramado mafioso» para perjudicar al país y querer «verlo de rodillas». «Es un intento de atemorizar a la sociedad», definió Cristina Kirchner, quien varias veces llamó a la sociedad argentina en su conjunto a defender los intereses nacionales.

Con un encendido discurso, la Presidenta cargó contra los empresarios que criticaron al Gobierno por el nuevo proyecto para modificar la ley de abastecimiento y los convocó a debatir la iniciativa en el Congreso.

«Los problemas no se discuten desde los diarios», les advirtió a los empresarios tras las críticas que hicieron las principales cámaras, entre ellas la industrial y los sectores financieros, que consideraron que había un exceso de intervención del Estado en las compañías. Sin dar nombres, la Presidenta le respondió al titular de la UIA, Héctor Méndez , y apuntó al empresariado en general por considerar que pretendía «minar las expectativas» económicas para perjudicarla. En la primera fila la escuchaba el vicepresidente de la UIA, José Urtubey. «Vamos a ir a discutir la ley al Congreso. Me parece bien, siempre dentro del ejercicio democrático respetuoso», dijo ante la consulta de LA NACION cuando dejaba la Casa Rosada.

En 45 minutos, ninguno de los actores políticos y económicos del país quedó fuera de los cuestionamientos presidenciales. Uno de los blancos fueron los gobernadores de provincias petroleras que resisten la nueva ley de hidrocarburos que impulsa la Casa Rosada (ver página 15). También dedicó advertencias a los sindicatos, a quienes les pidió responsabilidad para cuidar el empleo, y dejó un mensaje para los mandatarios del resto del país, que recibieron nuevos fondos para la construcción de viviendas y a quienes les exigió mayor gestión bajo la amenaza de quitarles los recursos si no cumplían con lo acordado. Buena parte de los protagonistas apuntados estaba sentada en las primeras filas del Salón Mujeres de la Casa Rosada.

El acto había sido convocado para anunciar el relanzamiento de un plan de viviendas sociales que implicará para el Estado duplicar los recursos que les enviará a las provincias, por un total de 16.285 millones de pesos. Pero el principal anuncio de la Presidenta estuvo relacionado con la denuncia contra Donnelley en el fuero federal por el delito de alteración del orden económico y financiero. Según detectó el Gobierno, la empresa multinacional presentó ante el Juzgado Comercial N° 19, a cargo de Gerardo Santicchi, el pedido de quiebra sin antes demostrar una situación económica crítica. Lo hizo el viernes 8 de agosto y el lunes siguiente el magistrado le dio la razón. «Decretó una quiebra exprés. Ni [Thomas] Griesa hizo eso», se quejó, con relación al juez de Nueva York a cargo del juicio contra los fondos buitre por la deuda no reestructurada.

La denominada ley antiterrorista fue sancionada a instancias del Gobierno para los casos en los que se busque «aterrorizar a la sociedad». Fue invocada por primera vez a fin del año pasado contra el periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, porque un fiscal federal consideró que con sus reportes buscó generar inestabilidad social. Sin embargo, después ese cargo fue desechado.

Cristina Kirchner hilvanó ayer el caso Donnelley con los fondos buitre, al sostener que NML, de Singer, había tenido participación accionaria en Donnelley y que la había transferido al fondo de inversión Blackrock. Detalló, además, que el Gobierno había iniciado una investigación interna para determinar qué empresas radicadas en el país pueden estar relacionadas con alguno de los fondos buitre. Y allí saltó la vinculación con Singer, que comparte sociedades con fondos inversores dueños de Donnelley. En forma paralela, la AFIP pidió al juez de la quiebra que revoque la sentencia. Además hará una presentación ante la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos.

Cristina Kirchner defendió la sanción de la ley antiterrorista que en los partidos de izquierda e incluso dentro del propio oficialismo generó un fuerte debate ante la sospecha de que el Gobierno la aplicaría para reprimir la protesta social. «Éste es un gobierno que jamás sancionó una ley para perseguir al pueblo», agregó.

«Quieren ver al país de rodillas. Pues conmigo de presidenta, de rodillas nunca», lanzó para recibir los aplausos desde los dos patios repletos de militantes. Esta vez incluyó a trabajadores de la Uocra, el gremio de la construcción, que se hicieron espacio con sus banderas verdes para disputar su lugar con los ya habitués de Unidos y Organizados.

Por Mariana Verón  | LA NACION

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