A las dos de la tarde, en Mar del Tuyú, en invierno , no camina casi nadie por la avenida Costanera junto al mar. Ayer a esa hora, casi sin testigos y bajo una llovizna, un patrullero de la Gendarmería Nacional, acompañado estacionó frente al edificio de la Municipalidad del Partido de la Costa en Costanera 8001. Allanaron el edificio y secuestraron documentos de un plan de vivienda inconcluso que dejó la comuna cuando el vicepresidente Amado Boudou era el ministro de Economía del lugar en 2005.

Los gendarmes fueron recibidos por el intendente del Partido de la Costa, el kirchnerista Juan Pablo de Jesús, y su padre Juan de Jesús, intendente cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Este allanamiento es una muestra más de que Amado Boudou sigue estando en el centro de la actividad cotidiana en los Tribunales. El juez Ariel Lijo ordenó ese procedimiento donde secuestró expedientes del plan de viviendas populares inconcluso realizado cuando el vicepresidente era funcionario municipal.

Así Boudou cerró un mal día judicial, ya que dos fiscales mantuvieron vivos y recargados dos expedientes en los que él es el eje de la sospechas: el fiscal Jorge Di Lello opinó que deben considerase válidos testimonios contra el vice en el caso Cicccone; y su colega Ramiro Gonzalez se propone investigar si Boudou recibió como dádiva un Audi, a cambio de comprarle autos a una concesionaria Volkswagen (ver aparte).

El allanamiento en la Municipalidad del Partido de la Costa había sido pedido por el fiscal Gerardo Pollicita, que impulsó la denuncia del concejal Marcos García, patrocinado por el abogado Ricardo Monner Sans. Ayer García ratificó y amplió la denuncia en el juzgado de Ariel Lijo.

Dijo que ocho meses después de las licitaciones, la empresa recibió el 96% del presupuesto ya que presentó certificados de obra, pero dos días después la empresa convocó a concurso preventivo, en un expediente donde le dictaron la quiebra. El concejal dijo que «hubo cheques emitidos del Banco Provincia firmados por De Jesús y Boudou que no se encontraban cruzados».

En la municipalidad rechazaron la denuncia: Juan Manuel Molina, director de Vivienda aseguró que se trató de un proceso transparente. «Lo único que hizo» Boudou fue «abonar el anticipo de esa licitación a la empresa Cantera» en 2005, por $900.000 pesos». Remarcó que el denunciante García «es un personaje nefasto, un delincuente que estuvo detenido por encubrimiento agravado en robo de automotores, tienen denuncias por amenazas y violencia de género, y hace tareas comunitarias por un delito de destrucción de documentos públicos y abuso de autoridad».

El fiscal Pollicita había pedido registrar la Municipalidad del partido de la Costa para secuestrar los expedientes 4122-3118-2005, el 4122-3120-2005, el 4122-3126-2005 y el 4122-3127-2005. Con ellos se ejecutó el plan de viviendas y se pagó a la empresa Cantera FC para construir 484/6 casas y dos escuelas. Según los denunciantes, la empresa cobró $24 millones, dejó las casas inconclusas, no levantó las escuelas y se declaró en convocatoria de acreedores al poco tiempo. Pero la Municipalidad afirma que se pagaron 15 millones de pesos y que las escuelas no eran parte de la licitación. Dijeron que se terminaron 220 viviendas y hoy están habitadas; 132 que en el período investigado registraron avances de entre 20% y 90%, y otras 134 que no llegaron a empezarse.

Los gendarmes se llevaron ayer carpetas con documentos clave.

Además, ayer el juez Lijo libró oficios al Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, y a la Inspección General de Justicia, para que le remitan los documentos sobre el dinero destinado a las obras, Las obras, adjudicadas a Cantera FC, debían quedar terminadas en 2006, pero según la denuncia, a pesar de haberse pagado en 2007 dos tercios del total del presupuesto, las escuelas y más de la mitad de las casas no se terminaron. De Vido, Boudou, los De Jesús padre e hijo y los directivos de Cantera FC está imputados en el expediente que lleva el mismo juez que procesó al vicepresidente por apropiarse de la imprenta Ciccone.

Por Hernán Cappiello  | LA NACION