Mendoza. El proyecto de la nueva ley hidrocarburífera ha puesto en veredas contrarias a los gobernadores petroleros, a YPF y la Nación. Se trata de una pelea por una caja importante de recursos que, en Mendoza, alcanzan los 1200 millones por año solamente en materia de regalías petrolíferas. Para la oposición, la norma que impulsa Miguel Galuccio perjudicará a Mendoza. Desde el Gobierno, aseguran que están realizando aportes al proyecto para mejorar y que la Provincia no perderá, sino que ganará en inversión.

Por ahora, lo que se conoce es extraoficial. El lunes, el CEO de YPF presentó el proyecto a empresarios de las compañias petroleras. Galuccio es el principal impulsor de la nueva ley para ordenar y homogenizar el mercado petrolero en el país. Pero no cuenta con el aval de la liga de provincias productoras de petróleo aglutinadas en la Ofephi. Entre éstos, el gobernador Jorge Sapag es quien principalmente rechaza el proyecto. El peso de Neuquén en el mapa petrolero nacional es decisivo, aún más con el potencial que promete el área de Vaca Muerta, cuya explotación estará a cargo de la norteamericana Chevron, asociada con YPF, en un acuerdo polémico que ha sido judicializado.

Regalías, canon extra y acarreo

Por lo que ha trascendido de la nueva ley, el proyecto estipula que las provincias sólo cobrarán un único concepto por recursos derivados del petróleo. Se trata de las regalías, coparticipadas por la Nación, fijadas en un 12 por ciento. Este porcentaje no varía.

Por este concepto, Mendoza percibe 1200 millones de pesos al año, según indicó el ministro de Energía, Marcos Zandomeni. Según un estudio de la Información Ideal, vinculada a la senadora radical Laura Montero, la producción de petróleo de Mendoza representa un 15 por ciento del total nacional. En Mayo de este año, por concepto de regalías, Mendoza recibió alrededor de 170 millones de pesos, según puede observarse en el sitio web de Hacienda. En el período 2009 a 2012, las regalías tuvieron un incremento: pasaron de 600 millones al doble. Constituyen el segundo recurso que ingresa a las arcas provinciales, detrás de Ingresos Brutos. La cuestión es que la liquidación de esas regalías se hace a un valor mucho menor de lo que cuesta el barril a nivel internacional en precio dólar.

De esta manera, el proyecto elimina otros dos ingresos que recibe la provincia. La posibilidad de que las provincias cobren un cánon extra en las licitaciones y el sistema de acarreo instaurado con la empresa provincial de energía, EMESA.

En cuanto a lo primero, se trata de un porcentaje voluntario que las compañías que participan de los procesos licitatorios aportan para mejorar la oferta ante las otras empresas en el concurso. Según pudo saberse, por la explotación de Chachahuén -explotada por el grupo Vila-Manzano y por YPF, hasta que el Gobierno les quitó la concesión del 50 por ciento-, el Gobierno cobró entre regalías y el canon extra un 23 por ciento.

El nudo del conflicto -principalmente con Neuquén- está en el sistema de acarreo. Es el modelo de negocios a través de las Empresas Provinciales de Energía que, en el caso de la local EMESA, se quedan con el 10 por ciento de la explotación en sociedad con las empresas privadas que gane una licitación. Galuccio desestima este modelo, principalmente porque las empresas de energía participan de las ganancias sin invertir en un negocio que es altamente riesgoso.

Zandomeni dice que Mendoza «no pierde»

Por el contrario, el ministro Zandomeni señaló que Mendoza «no pierde nada» porque, si la ley se aprueba en el Congreso, no afectará a los contratos ya vigentes. Mendoza, de hecho, avanzó en la última licitación en la que YPF desistió de participar precisamente porque no está de acuerdo con el modelo de acarreo a través de EMESA. Por el contrario, Zandomeni indicó que la nueva ley «alentará la entrada de dinero para Vaca Muerta y nosotros -por el Gobierno de Mendoza- estamos trabajando para incluir el petróleo pesado».

Y agregó que en la última licitiación, solo una empresa puso el canon voluntario. «No fue una buena herramienta», definió. El ministro de Energía relativizó las posibles pérdidas de recursos que pueda contraer la ley para Mendoza. «Es mucho mejor tener el 12 por ciento de más explotación -porque la ley atraería a más inversores-, que el 12 por ciento de lo que ya tenés. Cuando EMESA se queda el 10 por ciento, el efecto potencial es a largo plazo. El primer beneficio que tiene la provincia es la venta a pymes. Lo que se está discutiendo es un beneficio potencial», explicó.

Bajaría Ingresos Brutos y quita potestad a las provincias

El último ingreso de recursos por petróleo lo determina la Ley Impositiva de Mendoza, sancionada por la Legislatura provincial, cuando establece un canon del 5 por ciento. El proyecto impulsado por Galuccio establece que se baje la renta a un 3 por ciento, lo que impactaría en la recaudación provincial cuyos números actuales están en descenso. Este es uno de los aspectos más polémicos, puesto que la norma nacional estaría vulnerando la potestad de las provincias para fijar sus impuestos provinciales. Desde el Gobierno no pudieron indicar cuánto percibe Mendoza por este ítem.

Para el radical Enrique Vaquié, la nueva ley hidrocarburífera «está armada para que las provincias cobren menos». El diputado nacional sostuvo que «el Gobierno nacional quiere promover la inversión hidrocarburífera que hace falta, pero con plata ajena». En los cálculos del ex ministro de Hacienda, Mendoza pierde 30 dólares por barril que se queda el Gobierno nacional «sin ceder un peso». Vaquié consideró que si se baja el impuesto de Ingresos Brutos, la provincia cederá un dolar y veinte centavos por cada barril de crudo, contra esos 30 dólares que el Gobierno se queda. Además cuestionó que con la nueva ley las provincias cederían potestad a la Nación en los controles ambientales.

La senadora y ex ministro de Economía radical, Laura Montero, recalcó que con la ley Mendoza pierde el dominio de los recursos y del poder concedente. «Están presionando por la ley para ratificar el acuerdo con Chevron -la firma norteamericana que explotará Vaca Muerta- porque está colgado del decreto 929 -emitido por Cristina-«. En esa línea, Montero cuestionó que mientras YPF presiona por esta ley, la inversión de la empresa nacionalizada ha caído en los últimos dos años en un 8 por ciento, aproximadamente, considerando que tiene alrededor del 62 por ciento de la producción en nuestra provincia.

La postura de Mendoza

Francisco Pérez se ha mostrado menos beligerante que Sapag. La estrategia apunta a negociar ante un proceso que parece irreversible y donde, aseguraron, Pérez está trabajando junto a su par de Chubut, Martín Buzzi, titular de la Ofephi, y con Carlos Zanini, el secretario legal y técnico de la Presidencia. Desde Gobernación indicaron que «como el proyecto no está cerrado, cada gobernador puede seguir haciendo sus aportes».

«Estamos trabajando el proyecto. En algunas cosas estamos a favor. Se trata de un recurso estratégico y la Nación tiene que liderar el proceso. Lo que estamos tratando es que la ley cumpla el objetivo del autoabastecimiento. Los ingresos serán adicionales si la ley surte este efecto», dejó entrever Zandomeni.

Con todo, tanto el Gobierno nacional como Galuccio tienen un panorama bastante complejo por delante. De aprobarse en el Congreso, la ley hidrocarburífera todavía tiene un escollo más. Tiene que lograr la adhesión de las provincias.

Fuente: El Sol – http://elsolonline.com/noticias/ver/1407/208782/regalias-emesa-e-ingresos-brutos-lo-que-mendoza-pierde-con-la-nueva-ley-de-petroleo