Una vez cerrado el tema del Presupuesto y endeudamiento, el debate sobre Minería en Mendoza parece reactivarse y ser uno de los temas que se impondrá en la agenda política sucesiva. 

Mientras el Partido Justicialista (PJ) pidió «salir a militar» por la Minería, tal como anotició el periodista Marcelo Arce la semana pasada; el Partido Demócrata (PD) y la Unión Cívica Radical (UCR), a través de dos de los autores de la Ley 7.722 (que busca regular la Minería en Mendoza), pusieron énfasis en la «crisis hídrica», como uno de los problemas acuciantes que deberá enfrentar la provincia en el próximo corto plazo.

De la discusión, hay que agregar también, participan empresarios mineros que, a través de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), llamaron la atención sobre la «falta de voluntad política» para discutir sobre el desarrollo de esta actividad en un suelo que esconde -según señalan desde la asociación- cerca de 350 mil millones de dólares en metales.

Bajo este panorama, MDZ consultó a Jorge Difonso, intendente de San Carlos y coautor de la 7.772, quien, tras cuestionar al PJ por mostrar «una doble cara, una maquillada y otra lavada» al momento de hablar de Minería, hizo foco en la problemática del agua en Mendoza.

«Lo que nos preocupa es el recurso agua, tanto en su disponibilidad, en cantidad como en calidad. Porque para desarrollar este tipo de Minería de Metales se requieren millones de litros de agua y en los últimos años, en la provincia de Mendoza, hay una crisis hídrica», evaluó Difonso.

 En ese sentido, evaluó: «No me parece factible, en la realidad actual de Mendoza, en cuanto a la disponibilidad de agua, ese tipo de minería que, además, plantea el uso de químicos que es lo que, en definitiva, prohíbe la 7.722», subrayó.

En efecto, contraponiéndose a los argumentos de la Camem sobre el «obstáculo» que representa la 7.722, Difonso aclaró: «Lejos de ser un obstáculo, esta norma controla y regula la actividad y por eso mismo me extraña y me parece un mal síntoma que quieran impulsar la actividad, eliminando la única ley que la controla», destacó.

Apuntó, asimismo, que, si el objeto de impulsar la actividad es generar puestos de trabajo, «el Gobierno tiene la herramienta para mejorar y conservar empleo levantando la presión impositiva que tienen las Pymes, el pequeño y mediano productor, los trabajadores a través del pago de Ganancias», argumentó.

En consonancia, se expresó Enrique Vaquié, diputado nacional por la UCR y también autor de la 7.722, al detallar: «Hay un problema general en Mendoza que tiene que ver con la restricción muy fuerte del agua. Mendoza no tiene agua para impulsar su crecimiento y lo cierto es que tiene que haber políticas claras para poder encarar cualquier desarrollo productivo, en cualquiera de los oasis de Mendoza salvo -distinguió- en la Cuenca de Río Colorado donde hay excedente de agua», explicó el legislador opositor.

Señaló que «la demanda de agua actual en la provincia es más fuerte que la oferta» y que si bien hay dos proyectos para paliar su escasez, pendientes en la Departamento General de Irrigación, el Gobierno parece no darles prioridad.

«Se trata de dos obras proyectadas en el río Mendoza, Luján Oeste y Luján Sur; están listos en Irrigación pero Mendoza no los tiene priorizados», sostuvo Vaquié, al tiempo que precisó que generar un metro cúbico de agua por segundo en el Río Mendoza cuesta unos 100 millones de dólares aproximadamente.

Aclaró, finalmente, que Mendoza se debe un debate general sobre desarrollo sustentable (no sólo en torno a la Minería) y que el mismo debe ser convocado por el Gobierno. 

 A propósito, deslizó: «La provincia tiene que encontrar cuál es su proyecto para tener un desarrollo sustentable en los próximos años. Tiene que ver qué se hace con el estado mendocino, con el sector privado, con el comercio, con el turismo, con logística, con minería metalífera y no metalífera, con el agro; tiene que haber un debate sobre qué hacer en todas las áreas y lo tiene que convocar el Gobierno para que la convocatoria sea amplia», concluyó.