En las últimas horas en Peltier 351 siguieron con atención las declaraciones públicas del diputado nacional, Enrique Vaquié, quien abrió la puerta a una posible discusión de un nuevo proyecto de ley de Presupuesto que contenga la posibilidad de autorizar financiamiento. Algo similar al acuerdo que casi se cristaliza en febrero y que se terminó frustrando.

 Pero todavía falta que entre en el juego Cornejo. Funcionarios aseguraron que existieron este jueves algunos contactos informales con enviados del intendente de Godoy Cruz, pero que ninguna posibilidad de acercamiento se puede barajar por el momento.

 El miércoles Francisco Pérez encabezó una reunión con los hombres clave de su gobierno en dónde se definió que por ahora esperarán el devenir judicial del freno al endeudamiento, a la vez que no bajará los niveles de pirotecnia verbal tanto contra la sala de la Corte que falló en contra de sus intereses como contra los radicales que impulsaron esa causa en la Justicia.

 Paco estuvo con el vicegobernador Carlos Ciurca, con los ministros Rodolfo Lafalla, Marcelo Costa y Francisco García Ibañez, con el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Tanús y con el presidente provisional del Senado, Eduardo Bauzá en su despacho, en donde se trazó una línea central: por un lado, seguirán denunciando públicamente que los jueces que hicieron lugar a la medida cautelar pedida por la UCR, Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde, emitieron «un fallo militante».

 Y por el otro ya está decidido que el gobierno, una vez que sea notificado del fallo la semana próxima, pedirá a la Corte una «aclaratoria» para determinar si efectivamente, como se desprende de la resolución y como dramatizó luego el propio Poder Ejecutivo, la cautelar sobre la posibilidad de tomar préstamos alcanza a los que se acuerden este año y también a aquellos acordados en años anteriores.

 Ningún funcionario en Casa de Gobierno podía bajar ayer los decibeles de su bronca contra los magistrados. «Nosotros vamos a esperar a que la Corte nos notifique y después vamos a pedir una aclaratoria. No vamos a levantar el teléfono para intentar hablar con ellos en estos días ¿Para qué? El gobernador se enteró de la resolución escuchándolo a Jaliff (Juan Carlos) en la radio», descargó ante MDZ un hombre de Pérez.

 Radicales y peronistas se manejaron con verdades a medias desde que todo estalló el lunes.

 Claramente el gobierno sobreactuó los alcances de la medida cautelar al extender sus alcances. No hay posibilidades, por caso, que la Corte frene el préstamo del BID por U$S 50 millones que está destinado, entre otras cosas, a la construcción de la ruta entre Cacheuta y Potrerillos y que fue incluido dramáticamente por ministros del gabinete como una de las obras a dar de baja.

 Si Pérez definiera hoy enviar ese préstamo a la Legislatura para su ratificación y obtuviera los dos tercios de los votos, ningún juez podría pararlo.

 Tampoco se supone que debería tener inconvenientes con otras líneas de financiamiento nacionales, como el PROMEBA, para la construcción de viviendas sociales, que ya fueron tomados tras aprobación legislativa y que se rigen por leyes anteriores que no fueron objeto de cuestionamiento judicial.

 Los radicales esconden algo también y que no es menor. Más allá del discurso público de algunos dirigentes, ya reconocen que la mayor recaudación de este año no alcanzará para cubrir el déficit y que Pérez cerrará el año con un rojo no menor a los $600 millones.

 En otras palabras: las necesidades de financiamiento que esgrime el ministro Marcelo Costa son verdaderas.

 La Justicia mantuvo el silencio público en estos días, aunque ya se sabe que le dirá al Gobierno cuando éste presente formalmente su pedido de aclaratoria.

 Un alto integrante del Poder Judicial anticipó a este diario que la medida precautoria alcanza solo a la ley que fue objeto del cuestionamiento radical, las modificaciones a la ley de Contabilidad, y que «mal podríamos nosotros extender el alcance a una ley que no fue atacada judicialmente».

 «Estamos asombrados de todo lo que se puede hacer con $1.300 millones», ironizó un juez, luego de tres días en los que el Gobierno denunció que por el freno de a Justicia se paralizarían obras y hasta aumentaría el precio del boleto.

 Y explicó: «Todo el endeudamiento que estaba previsto tomar a través de la norma que fue cuestionada, está suspendido. Todo lo que no está sujeto a las modificaciones a la Ley de Contabilidad, no. Mal podemos nosotros hacerlo: lo que está haciendo el Gobierno es una interpretación de la resolución para intentar demostrar cuán grande es el daño que le hemos provocado. El radicalismo atacó (desde el punto de vista judicial) una ley específicamente. No se puede extender el alcance de la precautoria a otras leyes que no han sido atacadas, porque no han sido objeto de la demanda».

Fuente: MDZ –  Marcelo Arce  – (Foto Pachy Reynoso/MDZ)

http://www.mdzol.com/nota/543252-mentiras-y-verdades-de-la-crisis-por-la-deuda/