Ante esto, la senadora nacional Laura Montero, junto a los legisladores radicales Juan Carlos Jaliff y Raúl Ferrer, trabajan en una Ley de Responsabilidad del Estado Provincial, “que otorgará seguridad jurídica y garantía de derechos al mismo y a los particulares, por los daños y perjuicios que causen su acción u omisión”, según destaca en su web la ex ministra de Economía de Mendoza.

 La iniciativa es una respuesta a la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, recientemente aprobada y discutida por muchos, ya que la misma limita la responsabilidad del Estado y sus funcionarios. Esto afecta sobre todo a los usuarios de servicios públicos que, gracias a esta ley, sólo podrán reclamar al concesionario y no al Estado, en caso de un daño, con el riesgo de que esa empresa prestadora de servicios no pueda llevar a cabo la reparación por falta de solvencia.

 Según Montero, el trabajo proyectado “tiene una diferenciación sustancial con el proyecto nacional, porque atribuye responsabilidad al Estado cuando el daño lo causen sus contratistas o concesionarios”.

En este punto consideran que “el Estado delega una función pero no su responsabilidad”.