La presión ahora toma otras formas, agitando el fantasma del juicio político contra los dos supremos que dieron lugar al amparo que presentó el radicalismo: Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, y el diputado Leonardo Giacomelli, aseguran que en el bloque del Frente para la Victoria se está analizando iniciar el juicio político contra los dos supremos por impedir el uso de autorizaciones a tomar créditos anteriores al Presupuesto 2013 desconociendo las mayorías legislativas con que fueron aprobados; por generar un conflicto al desautorizar al Poder Legislativo y por haber filtrado la sentencia antes de notificar oficialmente al radicalismo.

La pelea sigue generando pirotecnia verbal entre los dos contendientes y ahora con la Suprema Corte en el medio. El tema es árido y se remonta a diciembre del año pasado, cuando el radicalismo se negó a autorizar al Ejecutivo a tomar préstamos por 1.700 millones de pesos. Desde ese momento, la lucha ha ido recrudeciendo y agregando elementos que complican más el relato periodístico.

Ese relato se empezó a complejizar cuando el Ejecutivo impulsó la conocida como Ley de reconducción presupuestaria. Sin presupuesto, la Constitución prevé que se use la pauta de gastos del año anterior. Entonces, el oficialismo puso sobre la mesa un proyecto que, además de fijar pautas para usar ese presupuesto vencido, también reeditaba la autorización a tomar crédito otorgada el año anterior.

Esta ley de reconducción fue sancionada pero no alcanzó los dos tercios que la propia Constitución mendocina prescribe que debe tener cualquier autorización a tomar deuda. De eso se agarró el radicalismo para presentarse a la Justicia y pedir dos cosas. Una, que la Corte diga si esa autorización a tomar deuda es constitucional o no; la otra, que hasta que se resuelva esa constitucionalidad, ordene al Ejecutivo que se abstenga de tomar crédito.

Esa presentación quedó en manos de la sala I de la Corte, conformada por Pérez Hualde, Nanclares y Carlos Böhm. Esta sala no tenía muchas ganas de dictaminar, así que llamó a las dos partes para que acordaran, pero tantos meses sin acuerdo en torno a los números de la provincia no iban a cambiar en una conciliación judicial y la sala debió tomar cartas.

El lunes pasado Pérez Hualde y Nanclares firmaron una sentencia sobre la cautelar: hicieron lugar al pedido del radicalismo de ordenar al Ejecutivo que se abstuviera de tomar deuda hasta que se resuelva la cuestión de la constitucionalidad. Dato curioso al margen: Böhm no suscribió esa sentencia por licencia, aunque el magistrado estuvo presente en las audiencias de conciliación entre la Suprema Corte, el PJ y la UCR.

Desde ese día, a toda hora y en cuanto micrófono aparezca, el elenco oficialista se despacha contra la Suprema Corte y los radicales y recitan los males que se ciernen sobre la provincia por no tener ese reclamado endeudamiento.

La última novedad del oficialismo en esa pelea es la amenaza de juicio político sobre los dos jueces. No hay un juramento de sangre, apenas una oración: “Lo estamos analizando. Una vez que tengamos la notificación, no descartamos la posibilidad del juicio político” dice Giacomelli.

Tanús es más explicativo. Dice que la decisión judicial paralizó todos los créditos anteriores, que fueron aprobados por otras leyes y ese desconocimiento es causal de juicio político. Agrega que la decisión ha desatado un conflicto de poderes entre Legislativo y Judicial y dice que están investigando si el contenido del fallo fue filtrado: “Creemos que la decisión fue publicada en las redes sociales antes de que la UCR fuera notificada”, decía Tanús ayer.

Nadie puede creer en que los juicios políticos prosperen, porque hacen falta dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados para avanzar con las acusaciones y el oficialismo no los tiene.

Pero sí hay quienes afirman que la estrategia oficialista es desgastar a los dos magistrados y lograr que sea la Suprema Corte en plenario la que defina la cuestión de fondo: si la ley de reconducción presupuestaria es constitucional o no, plenario que ya pidió el gobernador Francisco Pérez hace unos días.

El oficialismo se esperanza con que los siete magistrados juntos sean más benévolos con el PJ. Ahí entrarían a tallar Mario Adaro, Omar Palermo (recusado por la UCR por haber sido propuesto por Pérez) y Böhm, los tres nombrados en distintos gobiernos peronistas; el último de ellos fue salvado por el oficialismo de un juicio político hace dos meses. Además, confían en que alguno de los otros miembros, (nombrados en gobiernos radicales) sea más permeable a las necesidades políticas de Pérez y el oficialismo. Daniel Peralta – dperalta@losandes.com.ar

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