La incertidumbre regulatoria ahuyenta a los inversores, sobre todo cuando se trata literalmente de enterrar sumas enormes por muchos años y con tasas de retorno más bajas que en los yacimientos convencionales. Ambas partes tienen razones para sostener su posición en la controversia.

Un punto central en la disputa es definir quién tiene el poder de fijar la política petrolera y legislar. Si bien las provincias tienen el «dominio originario» de sus recursos naturales por el articulo 124 de la Constitución Nacional, también es claro el art.75 inc.12 de la Constitución y la ley 26197 (llamada ley corta), en el sentido que corresponde al gobierno nacional legislar y fijar las políticas en materia de hidrocarburos. Sin embargo, casi todas las provincias petroleras han sancionado leyes de hidrocarburos que de por sí son inconstitucionales y que además contradicen aspectos importantes de la ley de hidrocarburos nacional (17.319), creando un caos regulatorio.

A favor de las provincias puede señalarse que desde 2002, con la creación de los derechos de exportación no coparticipables y la ley de emergencia económica que prácticamente congeló los precios de los hidrocarburos, el Gobierno se ha venido apropiando ilegítimamente de parte del valor de los recursos .

Por otra parte, el gobierno nacional e YPF parecen cuestionar la acción de empresas provinciales de hidrocarburos que florecieron hace unos años por impulso del mismo Gobierno. Lo cierto es que la existencia de estas empresas es de discutible utilidad, sirviendo más para colocar amigos y crear cajas recaudatorias de dudosa transparencia. Las provinciales no aportan ni capital ni tecnología. Esto lleva a que las privadas, obligadas a asociarse a las provinciales, deban financiar el proyecto.

A las provincias no les falta razón en no querer depender casi exclusivamente de YPF para poner en valor su potencial.

YPF, como toda empresa privada o pública, aspira al monopolio y es responsabilidad de los gobiernos evitarlo.

El status jurídico actual de YPF es dudoso y no se sabe si es la empresa pública que menciona la ley de hidrocarburos vigente a la que le otorga el «rol protagónico» (sic) para llevar adelante la política petrolera. La Argentina necesita la inversión de grandes capitales en su sector energético, que no puede venir de un Estado nacional con déficit fiscal y sin acceso al crédito externo.

Tampoco será positivo que YPF, aunque consiga financiamiento, tenga un cuasimonopolio. Lo ideal será convocar a muchas empresas privadas, que en un marco legal general se presenten en licitaciones transparentes que convoquen las provincias y en las cuales YPF debería ser un competidor. La tendencia que se insinúa en las últimas contrataciones de la Nación e YPF no es técnicamente correcta.Ella consiste en contratar caso por caso y con un precio del petróleo o del gas diferente según el esquema de costo plus y aprobado por una autoridad nacional. Esto sólo lleva a premiar a las empresas con mejor lobby.

La ley de hidrocarburos, que es buena y conocida, debería retocarse solamente para incluir la figura de Concesión de Hidrocarburos no Convencionales y un capítulo de presupuestos mínimos ambientales sobre la técnica de «fracking».

En noviembre del año pasado, en Corea del Sur y en el marco del último Congreso Mundial de la Energía, el CEO saliente de Shell, Peter Voser, dijo que no creía que en otros países del mundo se pudiera dar el «boom» de los hidrocarburos no convencionales como se viene dando en EEUU. Una de las principales razones en que fundó su predicción fueron las características únicas del régimen legal de los EE.UU., en donde el superficiario es el dueño de los recursos del subsuelo.

Sin pretender reproducir ese régimen excepcional, los argentinos podemos y debemos lograr un marco institucional estable y predecible para atraer las inversiones necesarias para la explotación de nuestros recursos no convencionales. Si no lo logramos, corremos el riesgo de matar nuevamente a la ya famosa Vaca Muerta.

El autor es coordinador del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Fuente:  Por Horacio Fernández  | Para LA NACION