Mendoza. La bancada oficialista ha pedido más tiempo para analizar la ley aprobada ayer por la Cámara Alta, condicionados a su vez por los dichos de Pérez, que desestimó la medida avalada por Ciurca.

El oficialismo pegó un viraje, bajó un cambio y decidió postergar el tratamiento de la Emergencia en Seguridad, luego de las duras críticas que el gobernador Francisco Pérez hizo sobre la medida impulsada principalmente por el vice Carlos Ciurca. Por no reunir la mayoría especial, el PJ logró más tiempo para analizar la iniciativa en comisiones, a pesar de que tras la media sanción en el Senado estaban dadas las condiciones para tratarla en el recinto.

Sin embargo, los dichos de Pérez este mediodía pesaron más en la voluntad política de los legisladores. En Guaymallén, el mandatario expresó que «la emergencia es una declaración sin utilidad». No se privó de cuestionar nuevamente a los legisladores. “Hay que preguntarles a los que votan las leyes por qué no sancionan la ley de educación, ya que somos la única provincia del país que no lo ha hecho”, agregó. Sus palabras no cayeron nada bien en el recinto, pero sólo fueron respondidas por la oposición.

El FpV pide «gancho» y criticó el proyecto del Senado

Fue la jefa de bloque del FpV, Silvia Ramos, la que puso palabras para traducir las divergencias que existen en el seno del oficialismo por esta iniciativa. Si bien Ramos adelantó que están de acuerdo con la declaración, pidió más tiempo para analizar la ley y encontrar los consensos internos en el Gobierno. Así, solicitó la postergación del tratamiento en la Cámara de Diputados.

Otros dos legisladores de la misma bancada fundamentaron la posición, pero al mismo tiempo cuestionaron la ley que venía del Senado.

Por un lado, Claudio Díaz aseguró que sería «irresponsable y apresurado» continuar con el debate. El legislador de extracción sindical apuntó que la norma fue «sacada a las apuradas» para responder al compromiso social asumido de contar con la declaración en 30 días.

Así, evaluó que el texto del proyecto se queda corto en función de los temas que ha estado trabajando la Bicameral de Seguridad, como la desfederalización de las causas por narcotráfico, para que puedan ser abordadas por jueces provinciales.

A su vez, el sanrafaelino Raúl Guerra recalcó que «el tema se fue enredando» luego de que Ciurca disparara el tema de la emergencia y de 12 proyectos ahora hay alrededor de 26 que estudia la Bicameral de Seguridad. En duros términos, Guerra consideró que se está haciendo «politequería barata» y cuestionó que la norma aprobada ayer en el Senado se contradice en sus artículos.

No hubo orden, pero reconocen el descontento de Pérez

En el oficialismo negaron que haya bajado una orden desde el Ejecutivo para postergar el tratamiento. Ramos explicó que el «el reclamo del gobernador es justo» y que en la reunión de bloque se pidió analizar con más tiempo el proyecto sancionado por el Ejecutivo para hacer modificaciones. No en vano achacaron que la ley exigía mil plazas nuevas en el Sistema Penitenciario Provincial, pero sin saber si el Gobierno provincial cuenta con los recursos para poder construir una nueva cárcel o ampliaciones en las ya existentes.

Pero la diputada que preside del bloque del FpV también reconoció que, con los dichos del gobernador, hubo un cambio en la actitud de los legisladores del oficialismo. «Entendemos que lo que expresa por los medios el gobernador, si sancionamos una herramienta legislativa, tiene que servirle al Ejecutivo. Si el gobernador expresa que la ley no es buena o no modifica nada, entonces tenemos que avanzar en una ley que sirva. Como cámara revisora tenemos que atender los reclamos del gobernador», manifestó Ramos.

La UCR aprovechó las contradicciones

En el radicalismo pidieron tratar la ley pero también aprovecharon para salar las heridas entre Pérez y Ciurca, para dejar aún más en evidencia las contradicciones entre ambos. Así, recordaron que en una sesión de la Bicameral, se le preguntó a Ciurca si el gobernador estaba de acuerdo con la declaración de emergencia y el vice afirmó que Pérez avalaba la medida.

En un comunicado posterior, los radicales -con mayor preeminencia del cornejismo en la Cámara Baja- señaló a través de un comunicado que Pérez tiene «miopía» por no aceptar los aportes de la oposición ante la insegurida. En esa línea, la UCR la misma patología política que el mandatario provincial diagnóstico al intendente Alfredo Cornejo el 1 de mayo por su oposición al endeudamiento.

Para el FIT, es un «papelón»

La tercera vía la ocupa el FIT. La Izquierda se ha declarado en contra de esta declaración y hoy Héctor Fressina señaló a sus pares de la cámara que «estamos en presencia de un papelón».

El diputado del FIT agregó que «por internas del gobierno, con zancadillas permanentes, se pone de manifiesto la impotencia de los partidos tradicionales para resolver la inseguridad. Habrá otro crimen ¿y qué van a votar entonces? ¿El estado de sitio?», se preguntó retóricamente.

A comisión porque no logró los 2/3

A la hora de la votación, la UCR, el PD, el Frente Renovador y el FIT votaron por el tratamiento sobre tablas de la ley. Pero los 26 votos a favor no fueron suficiente, porque se necesitaban los 2/3 de la cámara. Así, el proyecto de la emergencia pasó a comisiones.

Comperatore vuelve a la Bicameral de Seguridad

Por otra parte, la Bicameral de Seguridad espera la presencia del ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, para este jueves a las 18, en un marco de mayor tensión interna en el Gobierno. En esa instancia, la UCR le reclamará al ministro una cuestión más de fondo. Le exigirán la presentación de un plan de seguridad.

Por lo pronto, la ley de emergencia -con media sanción- pasa a las comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

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MÁS JUZGADOS DE GARANTÍAS Y DE FLAGRANCIA
Antes de la discusión por la emergencia, los diputados aprobaron la ley que refuncionaliza la estructura orgánica de la Justicia Penal para los Juzgados Correccionales y de Garantías, y de Garantías en Flagrancia. La norma apunta a lograr mayor celeridad en los procesos judiciales, como el dictado de la prisión preventiva, la expedición de órdenes de allanamiento o las intervenciones telefónicas.

La norma estipula que el Tercer y Cuarto Juzgados Correccionales de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia se trasformarán en Juzgados de Garantías y pasarán a tener las siguientes denominaciones: Tercer Juzgado Correccional se denominará Séptimo Juzgado de Garantías y el Cuarto pasará a ser el Octavo.

Se creará, en la Primera Circunscripción Judicial, el Segundo Juzgado Pluripersonal de Garantías en Flagrancia compuesto por tres jueces letrados.

También se transformará al Quinto y Sexto Juzgados Correccionales de la Primera Circunscripción en Primera y Segunda Sala del Segundo Juzgado de Garantías en Flagrancia.

Asimismo, se creará un cargo de Juez de Garantías con competencia en Flagrancia a fin de titulizar la Sala III del Segundo Juzgado de Garantías en Flagrancia con asiento en la Ciudad de Mendoza y competencia territorial en la Primera Circunscripción Judicial, facultando la vía reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia para su organización y funcionamiento.

En el mismo orden, se transforma el Segundo Juzgado Correccional de la Tercera Circunscripción en Juzgados de Garantías, y se crea en esa Circunscripción el Primer Juzgado Pluripersonal de Garantías en Flagrancia.

Se crearán también 3 cargos de Juez de Garantías con competencia en Flagrancia a fin de titulizar las Salas I, II y III del Primer Juzgado de Garantías en Flagrancia con asiento en la Ciudad de San Martín y competencia territorial en la Tercera Circunscripción.

Héctor Fresina, del FIT, justificó el voto negativo de su bancada indicando que “no se hace un enfoque del fondo del problema”. Aseguró que se debe optimizar el trabajo de la Justicia pero que “no se puede mejorar cuando en su sentido profundo criminaliza a la pobreza”.

Fuente: El Sol