Mendoza. Fue una reunión corta, aunque el proceso de discusión lleva meses, más de medio año. En el último encuentro en Casa de Gobierno, no hubo acuerdo entre el Ejecutivo y la UCR por el endeudamiento, por lo que hoy notificarán a la Suprema Corte que la salida extrajudicial no llegó a buen puerto y ahora toca al tribunal decidir si la reconducción presupuestaria ensayada por Francisco Pérez es constitucional o no.

Ante un recurso presentado por el radicalismo, la misma Corte había pedido a ambas partes sentarse a dialogar. Pero después de varias reuniones, cifras y declaraciones a los medios, no hubo acuerdo. El litigio tiene, por un lado, a un Gobierno que requiere un endeudamiento de 1200 millones de pesos para enfrentar vencimientos de deuda propia y de anteriores gestiones, y asegura que tiene problemas para enfrentar el pago de sueldos si no lo consigue. Y, por el otro, a un radicalismo que no ve justificativos necesarios en el financiamiento externo debido a las altas tasas de interés y que considera inconstitucional el mecanismo por el que ha optado el oficialismo para buscarlo.

«Tienen que ver en qué están gastando la plata. Dicen que no pueden pagar sueldos, pero no ha habido grandes inversiones en obras como para que lo justifiquen», aseguró tras la reunión el presidente de la UCR, Sergio Pinto.

«La deuda de los gobiernos anteriores era casi de mil millones y ni eso nos han dicho. Hemos dicho que estamos dispuestos a reducir gastos. Hemos reducido el déficit más que gobiernos anteriores. Este ha sido el Gobierno que menos personal ha tomado, pero no ha habido una alternativa por parte de ellos», respondió a su vez el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla.

En las sucesivas reuniones, se propusieron algunas salidas, pero a pesar del diálogo las posiciones se mantuvieron.

El Gobierno pidió que le otorgaran financiamiento por mil millones y la oposición les sugirió tomar un crédito del Banco de la Nación en lugar de optar por las tasas internacionales. Incluso, señalaron desde el radicalismo, les sugirieron pedir un adelanto al Gobierno nacional en materia de coparticipación.

En el Ejecutivo, aseguran que abrieron los números, les aseguraron que han achicado gastos por 500 millones pero que no pueden ajustarse más y que por eso requieren del crédito internacional. Con una salvedad. En Hacienda reconocen que hoy tomar préstamos no es viable, pero aseguran que necesitan al menos la herramienta.

De esta manera, este jueves al mediodía asistirán a la Corte para notificar que el diálogo no llegó a buen puerto. A partir de ahí, la Sala Civil de la Corte -integrada por Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares y Carlos Böhm- tendrá que definir si la reconducción del presupuesto, que incluye la posibilidad de endeudarse, es inconstitucional.

Sin el presupuesto 2014, trabado en el Senado porque la oposición no le otorgó el financiamiento externo por 1700 millones de pesos, el Gobierno ensayó otra salida. Reformó la ley de contabilidad y prorrogó el presupuesto 2013, aprobada por mayoría simple en la Legislatura. Para la UCR, esa reconducción no es válida constitucionalmente porque el pedido de endeudamiento requiere de mayorías especiales. Por esto, recurrió a la Corte.

Fuente: El Sol