Como en sus años de oro, cuando el ex presidente Néstor Kirchner le encomendaba tender puentes con sectores reacios a sus propuestas, Julio De Vido volvió la semana pasada a ocupar el rol que lo convirtió en un ministro clave del kirchnerismo. En medio de las fricciones entre los gobernadores de las provincias petroleras y el presidente de YPF, Miguel Galuccio, que promueve el envío al Congreso de un proyecto de ley de hidrocarburos que, según los mandatarios, podría limitar su poder de decisión, el titular de Planificación se comunicó personalmente con Jorge Sapag, el gobernador de Neuquén, cuyo subsuelo contiene la hiperpublicitada formación de recursos no convencionales Vaca Muerta. «La Presidenta me pidió que te recordara que ella participó de la reforma constitucional de 1994 y de la ley corta [de hidrocarburos], y que no va a hacer nada que vaya en contra de eso», le dijo De Vido. Repitió el mismo mensaje con otros líderes provinciales, según le confirmaron a la nacion fuentes al tanto de las discusiones.

La palabra de De Vido fue suficiente para que los gobernadores comenzaran a negar la existencia de cualquier conflicto con el gobierno nacional y repitieran a cada uno de sus colaboradores que tienen «plena confianza en la Presidenta». Por eso también Sapag, su par de Chubut, Martín Buzzi, y otros líderes provinciales aceptaron sin condicionamientos la invitación a concurrir mañana, a las 18 horas, a la quinta de Olivos. Allí, la Presidenta recibirá a los 10 gobernadores de provincias petroleras para firmar un documento denominado «Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos». El texto, escueto, de no más de tres páginas, sentará las bases para elaborar una nueva ley de hidrocarburos. Su borrador ya está hecho. Los técnicos de Galuccio armaron varios puntos y se los enviaron a principios de la semana al secretario legal y técnico, Carlos Zannini. La última versión está articulada. Sin embargo, los líderes provinciales irán al encuentro con Cristina Kirchner sin prestar demasiada atención al trabajo de Nación y con una batería de propuestas propias. Por ejemplo, están dispuestos a garantizar la estabilidad fiscal a los proyectos petroleros si Nación se compromete a lo mismo. Eso implicaría, por ejemplo, discutir el futuro de las retenciones a la exportación de petróleo, para citar un solo ejemplo. También le pedirán a Cristina Kirchner que instituya un régimen amplio de promoción a la actividad petrolera, que, entre otras cosas, garantice el ingreso de equipos por Aduana sin las restricciones actuales, así como el acceso de las empresas al mercado de cambios, sin las dificultades que les provoca el cepo.

Ayer, el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, volvió a mencionar la idea de que una nueva norma surja del consenso, algo que volvió a tranquilizar a los gobernadores. «No hay provincia si no hay Nación: tenemos que ponernos de acuerdo, hoy YPF es una YPF con mayoría de capital accionario de todos los argentinos», explicó.

Pese a la buena predisposición que mostró el Gobierno en los últimos días, los gobernadores asistirán a Olivos con un puñado de ideas claras. Para eso se juntarán por la mañana en la Capital Federal. El encargado de realizar la convocatoria fue Buzzi, presidente de la Ofephi, que reúne a las provincias productoras de hidrocarburos. Ayer le hizo un guiño a la iniciativa oficial. «No tenemos indicios de que se vayan a modificar las condiciones que hoy tenemos con la ley corta», anticipó.

Neuquén, la provincia más gravitante desde el punto de vista petrolero, irá con un piso concreto para negociar cualquier cambio en la ley. Pedirá que el negocio petrolero le deje el 12% de regalías, más el 3% por Ingresos Brutos y 5% de la ganancia de cada proyecto una vez concluido el tramo de mayor inversión en desarrollo. No son números caprichosos: se trata de los mismos términos que aceptó YPF para avanzar en la asociación con Chevron en el proyecto Loma Campana, que se firmó el año pasado y constituye la mayor inversión petrolera en marcha.

La propuesta de una nueva ley disgusta a las provincias desde el principio por diversos motivos. El principal es que Galuccio critica el llamado «acarreo», que les permitió a las empresas creadas por las gobernaciones sumarse a proyectos petroleros sin poner un peso de antemano, sino ofreciendo el área a explorar. La modalidad, que años atrás fue promovida por De Vido y el propio Kirchner, le permitió a la neuquina GyP crecer en el negocio. Para el presidente de YPF, eso genera un costo financiero adicional que molesta a los inversores. «El acarreo es un sistema que va a dejar proyectos por debajo de su viabilidad. En iniciativas difíciles con retornos de inversión bajos, por ejemplo», criticó Galuccio el mes pasado.

El borrador también sugiere que las empresas limiten las regalías que cobran por la producción de crudo y gas y que congelen los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos.

Las fricciones de Galuccio con los gobernadores dieron paso a un nuevo interlocutor en YPF. Jesús Grande, máxima autoridad del área de exploración y producción de la empresa y fiel al primero, se convirtió esta semana en el encargado de tranquilizar las aguas con gobernadores clave en el negocio petrolero. Habló varias veces con Sapag. Y también se comunicó con funcionarios de Francisco «Paco» Pérez. Los gobernadores lo reconocen como un hombre de trato cordial porque está expuesto a menos presiones que el titular de YPF.

Fuente: La Nación