Aunque todas las provincias coinciden con la Nación en la necesidad de generar instrumentos legales que den un marco regulatorio que conceda ventajas para los futuros inversores a fin de provocar un boom del shale oil y shale gas en la Argentina, hay muchos puntos que las provincias cuestionan del proyecto del kirchnerismo nacional.

El principal, es que el texto limita al máximo el rol de las empresas provinciales de energía para que éstas no compitan con YPF en la búsqueda de inversiones internacionales ni cobren a los privados por su intermediación -acarreo- haciendo valer el hecho de que los estados sub-nacionales son los dueños de los recursos naturales (según la Constitución y la ley “Corta” de Hidrocarburos).

El proyecto de Galuccio no sólo impide el acarreo en la etapa exploratoria, sino que obliga a las provincias a re-licitar las áreas que las empresas de energía locales tengan reservadas, y a que dichas firmas estatales provinciales rediscutan su participación en cada emprendimiento con los socios privados de acuerdo al dinero realmente invertido, restringiendo así al máximo la posibilidad de cobrar intermediación.

Pero también hay cuestionamientos por la baja al 3% del impuesto a los Ingresos Brutos, la imposibilidad de cobrar impuesto a los Sellos a los contratos de la actividad hidrocarburífera y porque se establece que la única renta que ingresará a las provincias es a través de las regalías, las cuales, aunque no está en el texto explicitado, quedarían con un techo del 12%. Todos estos factores, harían caer la recaudación de cada provincia a cambio de la promesa de la llegada de nuevas inversiones que permitirán aumentar la producción de hidrocarburos y, a través de ella, las arcas provinciales podrían ensancharse en un mediano plazo.

Por la negativa del ministro de Economía, Axel Kicillof, un duro negociador que trabaja en tándem con Galuccio, la Nación no puso en la mesa de discusión el precio de los hidrocarburos que está totalmente desacoplado de los precios internacionales. Cada barril de crudo se liquida a unos 70 dólares pero se vende a unos 102 dólares cuando es exportado, quedándose con la diferencia la Nación en concepto de retenciones y de subsidio a las naftas.

En este escenario, hay gobernadores que están dispuestos a dar una fuerte puja con la Nación en la reunión de hoy y llevarán sus propios anteproyectos de ley. De las cuatro provincias más importantes, es Neuquén la que tiene mayor peso específico porque posee las reservas de gas y petróleo no convencionales en el bloque Vaca Muerta.

Su gobernador, Jorge Sapag, trabajó todo el fin de semana con todos los sectores involucrados de su distrito para defender a la empresa provincial Gas y Petróleo, que él creó hace cinco años y que le ha dado importantes resultados a los neuquinos, captando inversiones internacionales y asociándose con firmas privadas (cobrando acarreo).

“No queremos ser una isla, pero tampoco una colonia”, dijo en un acto público Sapag y aseguró que es obligación de la provincia captar inversiones para sus recursos naturales. Sapag entiende que el proyecto de Galuccio aniquila la posibilidad de crecimiento de las empresas petroleras provinciales, para concentrar la inversión externa en YPF.

En tanto, el mendocino Francisco Pérez, que también llevará su propia propuesta y mantiene contactos con Sapag para hacer un frente común, propone que no se elimine el acarreo con el argumento de que hay firmas pequeñas que se sienten respaldadas al asociarse con petroleras provinciales a la hora de iniciar una inversión millonaria, por eso propone que el acarreo quede como una opción voluntaria de hasta el 5%.

Pero la mayor pelea del kirchnerista Pérez será por las regalías, ya que pedirá que el techo no sea 12% sino 15% y que se liquiden al precio internacional (el tabú impuesto por Kicillof). La diferencia entre la contraoferta mendocina y la propuesta nacional es multimillonaria para todos los distritos.

Las otras dos provincias que plantean objeciones al proyecto de Galuccio son La Pampa y Río Negro, porque entienden que no se puede obligar a los estados a renegociar contratos o a colocar cláusulas retroactivas ya que ambos distritos recientemente han prorrogado el vencimiento de concesiones que expiraban en 2015-2016. Pero no trascendió cuál será la postura de Chubut y Santa Cruz, provincias que junto a Neuquén y Mendoza concentran el grueso de la actividad petrolera y gasífera. Fuente: Diario Los Andes