Tras conocerse el procesamiento de Amado Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles, todo el arco opositor aplaudió la resolución del juez Ariel Lijo y exigieron no sólo un juicio político contra el vice, sino que dé un paso al costado en su cargo como segundo de Cristina Kirchner y titular del Senado.

El precandidato presidencial radical Julio Cobos destacó que la decisión que va a tomar esa fuerza, de ahora en adelante, es acompañar a «los que quieran pedir el juicio político» para Boudou. «La Presidenta no se puede desligar de la responsabilidad política de tener a un vice procesado. Hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo en la decisión que adopte», dijo en declaraciones a Radio Mitre.

«Es impostergable la renuncia de Boudou, su situación se ha vuelto insostenible», dijo por su parte el vicepresidente del bloque radical en la Cámara baja, Miguel Bazze. «Estamos atravesando un hecho inédito y vergonzoso que afecta la credibilidad del país. Que esté en este momento en el exterior en representación de la primera mandataria avergüenza al país», dijo, al referirse a la visita oficial de Boudou a Cuba.

En la misma línea, Darío Giustozzi, referente del Frente Renovador, dijo que causa «estupor» tener a un alto funcionario procesado y recordó que hace tiempo que el massismo advirtió que Boudou «debía dar un paso al costado». Consultado en una entrevista radial, precisó: «El uso de las instalaciones y la pretensión de interferir en la Justicia, son condiciones suficientes para avanzar en el pedido de un juicio político. Esperemos que el resto de los bloques nos acompañen».

La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, también abogó por «avanzar en un juicio político» contra el vicepresidente tras su procesamiento. «El camino de la justicia es comprobar los elementos de prueba para su juzgamiento, una vez comprobado esto se debe avanzar en un juicio político y que el vicepresidente se someta a la acción del Congreso», dijo en el marco de un plenario de la Iglesia celebrado en Mar del Plata.

La senadora nacional de Pro Gabriela Michetti, quien enfatizó que «desde hace años» el PRO está «pidiendo en la Cámara de Diputados el juicio político contra el vicepresidente». Hizo mención a un proyecto que presentó esa fuerza política para que se avance en ese sentido. «Ahora es muy probable que el resto de los partidos opositores quieran pedir ese proceso», consideró.

APLAUSOS PARA EL PROCESAMIENTO

En paralelo, el titular de la UCR, Ernesto Sanz , insistió con que, dada la situación, el vicepresidente pida licencia. «El Gobierno tiene que sacarse de encima esta situación», indicó, en diálogo con la señal TN. » No hay otra salida, venimos diciendo hace rato que pida licencia», señaló.

«Cuando un juez de la República decide imputar primero y luego procesar, no es por casualidades. Es por pruebas contundentes que lo hacen tener la convicción de que estamos frente a varios delitos y no frente a una sucesión de casualidades», agregó.

«Tener procesado al número dos del país no es una buena noticia. Habla bien de la Justicia, pero no de los funcionarios que eligió la Presidenta. Ella fue la que lo eligió como vicepresidente. Ella, políticamente, es responsable de esta situación», concluyó.

La diputada nacional por el Frente Amplio Unen, Margarita Stolbizerapuntó, en su cuenta de Twitter , «Argentina necesita un nuevo proyecto de país, donde se terminen los ladrones, sus cómplices y encubridores. #NuncaMasCorrupcionChauBoudou».

«Hacer negocios privados con bienes públicos es uno de los delitos más degradantes que puede padecer una República», escribió en Twitter el senador por UNEN Fernando «Pino» Solanas.

También se expresó la legisladora porteña por la Confianza Pública Graciela Ocaña,quien señaló la existencia de «una enorme cantidad de elementos probatorios que mostraban que había llevado adelante en su cargo de ministro de Economía, a través de la prestación de testaferros, la apropiación de la empresa Ciccone». En ese sentido, destacó que Boudou «tomó medidas para que la casa de la moneda contrate a la empresa que se había apropiado».

Fuente: La Nación