Mendoza. No es una audiencia de conciliación, repararon fuentes judiciales. La Suprema Corte de Justicia convocó para el próximo miércoles a las 12 a representantes del Gobierno y de la UCR por el recurso de inconstitucionalidad que ésta última presentó por la polémica reforma de la ley de contabilidad en la Legislatura, que habilitó a Francisco Pérez a endeudarse con financiamiento externo.

El drama político del endeudamiento tiene un nuevo apartado judicial. El máximo tribunal ha citado a las partes en pugna a una audiencia, pero tanto desde el Ejecutivo como desde el radicalismo se han mostrado cautos hasta que estén frente a frente en la sala de la Corte. Eso sí, altas fuentes judiciales dejaron en claro que no se trata de una conciliación, sino de una reunión y hasta ahí las puertas están abiertas.

«Es una resolución que está dentro de las facultades que tiene cualquier juez. No sabemos con qué mecanismo se puede hacer. Queremos escuchar a la corte», indicó el senador Juan Carlos Jaliff.

En el Gobierno, habían recibido la notificación de manera informal y se encontraban analizando la situación, según indicaron voceros. La expectativa ante la citación es la misma que en la UCR, pero señalaron que llevarán los mismos fundamentos que ya se han dado en la Legislatura para defender la reforma a la ley de contabilidad que les habilitó el financiamiento externo.

La historia del endeudamiento se remonta a fines del 2013, cuando fue debatido el proyecto de Presupuesto 2014 en la Legislatura. En esa instancia, el oficialismo solicitaba 1700 millones de pesos para afrontar vencimientos de la deuda pública externa. Sin embargo, en Diputados, el radicalismo cornejista se plantó y no permitió la aprobación del apartado del endeudamiento. En el Senado, el proyecto quedó estancado por falta de mayoría.

De esta manera, el Gobierno prorrogó el Presupuesto 2013, pero además avanzó con la reforma de una ley significativa. La de Contabilidad, que le dio una particularidad, además de ordenar el gasto, habilitó a Pérez con un endeudamiento de 1200 millones de pesos, el mismo que tuvo en 2013.

Esto enardeció al radicalismo, que cuestionó la inconstitucionalidad de esta reforma con un pedido ante la Corte. La cuestión recayó en la Sala Civil del tribunal, integrado por Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares. La UCR recusó a Palermo, por su relación con Pérez, tal como lo dispone la ley -la posibilidad de recusar a un magistrado sin fundamento-. En su reemplazo, asumió Carlos Böhm. Se trata de un tribunal sobre el que pesan suspicacias políticas debido a las afinidades conocidas. Böhm es justicialista, en tanto Nanclares y Pérez Hualde, radicales. Sin embargo, el Gobierno no hizo uso de la recusación.

Fuente: El Sol