Mendoza. Con la presión de los gremios, la Cámara de Diputados aprobó los decretos de homologación de las actas paritarias por los incrementos salariales 2014. Pero los duros cuestionamientos que se escucharon en el recinto desde la platea gremial tenían un plafón: la incorporación de una cláusula en ocho acuerdos, donde se estipula como techo salarial el sueldo del gobernador. Para los sindicatos, se trata de avance político sobre el ámbito de negociación, la paritaria. Para los legisladores, en cambio, la cláusula sólo limita a aquellos cargos políticos con salarios superiores a Francisco Pérez. La controversia es un adelanto de la ley de topes que ya se cocina en el Senado.

Los acuerdos paritarios entre la Provincia y los gremios estatales requieren la homologación de la Legislatura. Pero a diferencia de años anteriores, en este caso se incluyó una cláusula que fija un tope salarial a ocho de las once actas paritarias enviadas por el Gobierno. Ese tope lo determina el salario mensual del gobernador Francisco Pérez, que oscila en los 23 mil pesos, aproximadamente. La modificación fue aprobada con el aval del oficialismo y el acompañamiento de la UCR y el PD, pero tanto el FIT y el Frente Renovador votaron en contra.

Los gremios se movilizaron a la Legislatura para una sesión que arrancó temprano -a las 9, estaba prevista- debido al partido que Argentina jugó al mediodía contra Nigeria, por el Mundial de Fútbol. La presión fue constante pero los acuerdos políticos en la comisión de Labor Parlamentaria ya había sido sellados. La bronca gremial recayó principalmente sobre el radical Martín Kerchner.

Aseguran que el tope es sólo para los cargos políticos

El legislador cornejista -ex director de Hacienda de Godoy Cruz- sostuvo que lo único que se estaba haciendo en el recinto era haciendo valer la ley 5811, que en el artículo 11 señala que ningún funcionario puede cobrar más que el gobernador. «Se trata de un mensaje de austeridad», definió.

«Es una limitación a los altísimos sueldos que cobran hoy algunos agentes, no los 90 mil empleados públicos, una franca minoría. Es una expresión política para ponerle límites a estos abusos», sostuvo Jorge Tanús. La jefa del bloque oficialista, Silvia Ramos, aseguró que la inclusión de la claúsula «no es por los gremios en sí mismso, sino por algunos representantes», indicó.

Ramos aclaró que ese tope impacta más que nada en los funcionarios políticos, entre ellos, directores de hospitales o titulares de organismos descentralizados. Se trata de casos que superan holgadamente los 40, 50 o 60 mil pesos y más, que llegan a esas cifras por ítems como la antigüedad y el bloqueo de título, entre otros.

En el fondo, en el oficialismo también apuntan a aquellos dirigentes gremiales que cobran cifras superiores al Gobernador y han cuestionado los aumentos otorgados este año en paritarias, que rondaron un promedio de 30,5 por ciento.

Cabe recordar que, en medio de estas duras negociaciones, Pérez decidió a su vez dar un gesto político y a través de un decreto congeló su salario y el de los funcionarios políticos, cuyos incrementos anuales están enganchados al del mandatario.

«No es la intención que no se respeten los acuerdos, sino que la cláusula permite un nivel de equidad. Lo más justo es que se aten a ese esquema», recalcó Ramos.

Kerchner, blanco de los gremios

La postura de los gremios contra el tope salarial ya se había manifestado cuando el oficialismo adelantó en la Legislatura un proyecto de ley que consideran como «una ley de sueldos encubierta». Se trata de la iniciativa propuesta por el jefe del bloque de senadores, Fernando Simón.

Desde el SUTE, uno de los sindicatos que se manifestó hoy, Adrián Mateluna recordó que el Gobierno a través de sus paritarios no expuso esta cláusula en la negociación ocurrida en la Subsecretaría de Trabajo. «Si bien coyunturalmente no nos toca, creemos que la discusión salarial debe darse en paritarias y no en la Legislatura. Si el Gobierno tiene un problema con sus paritarios, es un problema del gobierno», indicó.

Para el radical Kerchner, la protesta fue una «puesta en escena» armada por el FIT, que se opuso a la media sanción. «Me encontré con una dimensión desconocida. El FIT dice que hay qu ebajar los sueldos a lo que cobra un docente, pero están justificando salarios de 80 mil pesos», aseguró por las críticas que recibió desde la platea sindical, a la que calificó de «patotas».

Kerchner incluso apuntó que detrás de los cuestionamientos, hay intereses creados por parte de los gremios. Y sostuvo que en el acta paritaria de Salud, firmada por Isabel Del Pópolo, Ampros recibirá una cuota solidaria por única vez del 3 por ciento de los haberes brutos de los trabajadores no afiliados a otros sindicatos.

Isabel Del Pópolo sostuvo, en cambio, que el proyecto expresa un «total desconocimiento» y expresó sus dudas sobre un «acuerdo» entre los partidos tradicionales que ocultaría algo más. En la misma tesitura de Mateluna, la médica dirigente de Ampros consideró que no se puede legislar sobre los acuerdos paritarios.

Del Pópolo también convino en que el Gobierno debe explicar quiénes son los funcionarios que cobran más que el gobernador. Y dio un ejemplo: un ex funcionario radical, con 55 horas de cumplimiento, máxima clase, función jerárquica y bloqueo de título, que cobra 79.500 pesos. «Veamos los que están acomodados, pero no perjudiquemos a los que están trabajando bien», contempló la dirigente gremial. Y cuestionó el proyecto de los topes salariales porque traerá aparejado una precarización del sistema de salud.

Fuente: El Sol