Resulta notable cómo hace solo un mes Francisco Pérez se presentó ante la Asamblea Legislativa para pautar los ejes de su gobierno y hoy no se discute prácticamente ninguno de los temas que allí planteo como fundamentales.  

El ejemplo más claro es la necesidad que el gobernador expuso aquel 1ro de Mayo que hoy parece tan lejano, de modificar la coparticipación municipal de impuestos. Ese anuncio había sido el más destacado en una jornada flaca de propuestas interesantes.

Pero más allá de esa prioridad, nadie en el gobierno levantó el teléfono durante todos estos días para llamar a algún intendente y comenzar a cambiar el estado de cosas.

Pérez, por estos días, está metido en otras cuestiones. Y que no necesariamente pasan por la discusión de la emergencia en seguridad, asunto del que ni se habló en la Legislatura hace 30 días y que salió un par de jornadas después impulsado por el vicegobernador Caros Ciurca para salvar políticamente al ministro del área, Leonardo Comperatore. No hay más prueba de ello, que lo que está pasando: para Paco la emergencia solo es una cuestión dialéctica y la discusión legislativa entró por su lado en vía muerta por falta de acuerdo con la oposición.

El gobierno apurará por estas semanas la colocación de su bono mientras espera que la Suprema Corte le diga que podrá endeudarse cuando, como se descuenta en Peltier 351 que sucederá, termine por rechazar la medida cautelar que pidió la UCR para frenarlo. Si el endeudamiento será en el exterior y en dólares, o en el país y en pesos, no será cuestión a decidir por el ministro de Hacienda, Marcelo Costa. Lo terminará definiendo el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Paco también se prepara para el 9 de junio, cuando junto al resto de los gobernadores de provincias productoras de petróleo se reúnan con la presidenta para trazar un nuevo esquema del negocio petrolero entre YPF y el interior que impulsa el CEO de la empresa, Miguel Galuccio.

Sobre la mesa habrá una inquietud de los mandatarios: cómo será el pago que los distritos deberán realizar por las acciones que les corresponden de YPF tras el acuerdo con Repsol y que para Mendoza significa un paquete de U$S 500 millones. Más del doble de lo que la provincia tomará de los mercados este año.

Pero hay algo que se viene cocinando desde hace un tiempo no demasiado largo y que mereció incluso la atención de Pérez durante algunos tramos de su pálida visita a Londres.

Para el gobierno se hizo ya inocultable el desmanejo administrativo y financiero de la OSEP y prepara una reforma profunda en la obra social de los empleados púbicos que podría dejar incluso algunos heridos políticos de consideración como Marcelo Costa, que condujo el organismo hasta 2011 y que todavía mantiene el control político allí. Aunque ahora todo parece indicar que el futuro del actual director, Alberto Recabarren, está atado a que se subordine al ministro de Salud, Matías Roby.

A nivel oficial ya se maneja un déficit operativo de $10.000.000 mensuales y se habla de una situación límite en las prestaciones.

A principios de este año, Hacienda congeló activos por $140 millones y el pasivo llegaría a los $100 millones.

El plan de reestructuración abarca todas las áreas y habrá golpes fuertes: se suspenderán por el momento las afiliaciones voluntarias, subirán los aportes de este sector, se eliminarán los topes de aportes, se actualizarán coseguros y entre otras medidas más, OSEP dejará de cubrir el 40% de los medicamentos de venta libre.

Pero también se cambiará el organigrama administrativo y se está a punto de descabezar la cúpula de la obra social, aunque no a Recabarren.