Mendoza. La iniciativa impulsada por el vicegobernador Carlos Ciurca recibió media sanción de la Cámara de Senadores en la tarde de este martes. Finalmente, la declaración de Emergencia en Seguridad fue avalada por la mayoría de los bloques, salvo por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La ley permita por un año acelerar la compra de recursos tecnológicos por la compra directa, como las videocámaras. E incluye un par de cuestiones no tan fáciles de resolver para el Gobierno, donde Francisco Pérez no ve con buenos ojos esta emergencia, como la construcción de una nueva cárcel.

Ahora, la norma pasa a la Cámara de Diputados y se espera que sea tratada en la sesión de este miércoles. La ley permite al Gobierno declarar la emergencia en seguridad pública por el término de un año. La última vez que se había declarado la emergencia fue en 2008, cuando Celso Jaque no pudo cumplir con su promesa electoral. En aquel momento, Carlos Ciurca era el ministro a cargo y la medida le permitió más que nada adquirir más recursos a través del mecanismo de la compra directa.

Preicsamente, la iniciativa establece la compra de móviles policiales equipados con la tecnología necesaria como identificación de huellas dactilares. Además, también busca incorporar más recursos para la labor policial: scanners móviles, cámaras de seguridad, laboratorios móviles, dispositivos de control biométrico y alcoholímetros. Y da un párrafo aparte al refuezo del sistema de videovigilancia urbana, con la instalación de 600 cámaras que -sin embargo- dependen del demorado crédito que otorgue el BID.

Una de las innovaciones es la creación de la policía de control interprovincial, que tendrá la tarea de identificar y controlar personas, bienes, carga y vehículos en todos los paso interprovinciales. En ese sentido, también hay otros proyectos alternativas en el oficialismo, que desempolvaron una idea de Emir Félix para controlar las fronteras de Mendoza.

A su vez, la declaración encomienda a la Bicameral de Seguridad presidida por el diputado radical Héctor Quevedo que siga analizando leyes sobre la portación de armas ilegales; si los jueces provinciales tienen que hacerse caso de los casos del narcomenudeo; la integración de las cámaras de seguridad del ámbito privado al público; la incorporación de más policías y la construcción de más cárceles, entre otras medidas.

La norma fue aprobada por 35 votos con una solitaria oposición, la de Noelia Barbeito, del FIT. La Izquierda en ambas cámaras se ha opuesto a la declaración de emergencia, aunque ha hecho propuestas en la Bicameral de Seguridad.

Finalmente se acordó lograr un mix de las tres propuestas que se habían presentado en labor parlamentaria. Por un lado, se encontraba el proyecto radical; por el otro, el proyecto del massismo y, finalmente, el proyecto oficialista. El presidente de Diputados, Jorge Tanús, confirmó que buscarán tratar esta ley en la sesión de la Cámara Baja este miércoles.

Contrapuntos

El debate en el recinto dejó algunos puntos para la polémica entre las bancadas del justicialismo y del radicalismo. Entre ellos, los radicales lograron que se aprobara en el marco de la emergencia la ampliación del sistema penitenciario a mil plazas en la cárcel de Almafuerte. Para la bancada del FpV este punto es de difícil cumplimiento, considerando el plazo otorgado por la emergencia -un año- para contar con un nuevo edificio que aloje a los presos. Basta recordar el tiempo que lleva el proyecto de la cárcel federal en el predio penitenciario de Cacheuta, un edificio solventado por la Nación. Con todo, quedó en el texto de la ley y habrá que ver si finalmente se cumple o no.

La UCR también buscó arrinconar al oficialismo en el apartado de los fondos que requiere la emergencia. Así, pidieron que se dejara sin efecto la construcción de la villa olímpica en el Parque General San Martín, que se encuentra en proceso de licitación y ha arrancado las críticas de la oposición, puesto que la considera innecesaria. Para el oficialismo, se trató de una chicana, definió Fernando Simón. En este punto, los senadores radicales no lograron imponerse y el FpV respiró.

Por último, también se acordó la puesta en vigencia de la ley 8611, que crea el registro de huellas genéticas, dependiente del Poder Judicial. Esta base de datos depende del Procurador General de la Corte, Rodolfo González. Este punto puede leerse como reclamo a la Suprema Corte de Justicia, puesto que la ley que habilita este registro fue aprobado el año pasado y es una herramienta fundamental para la investigación de los fiscales. Según indicó el vocero de la Corte, Raúl Vicchi, el registro funciona en coordinación con el ministerio de Seguridad. «Es un ejemplo claro de que nos piden leyes, y esa es una ley aprobada. Y no se ha puesto en marcha», apuntó el radical Armando Camerucci.

En medio de la divergencia, el sciolismo une a Pérez y Ciurca

La norma recibe su media sanción en medio de las contradicciones entre Francisco Pérez y Ciurca. El gobernador ha desestimado la declaración de emergencia, en tanto que el vicegobernador la impulsó para blindar políticamente al ministro de seguridad Leonardo Comperatore, tras el asesinato del turista neocelandés en el Parque General San Martín.

Fuera de estas divergencias, ambos funcionarios se dedicaron buena parte del día a acompañar a Karina Rabolini en su periplo social por Mendoza. El vicegobernador recién se sumó por la tarde, junto a su esposa -la concejal Verónica Valverde-, para la charla que la esposa de Daniel Scioli dio en el Centro Cultural Julio Le Parc. El sciolismo los une.

LA BICAMERAL DE SEGURIDAD SE REUNIÓ CON LOS JUECES
Durante más de tres horas, los legisladores que integran la comisión bicameral se reunió con la Asociación de Magistrados encabezada por el juez Ariel Hernández. A su vez, también asistieron el vocero de la Corte, Raúl Vicchi, y el procurador Rodolfo González.

Los temas son los mismos que se vienen trabajando en la mesa de enlace -donde también participan los jueces federales-, con el agregado de que todo se enmarca en la emergencia en seguridad, ya con media sanción. Así, se discutió sobre los proyectos relativos a la Justicia, como la desfederalización de las causas de narcotráfico, para que sean tratadas por los magistrados provinciales; la refuncionalización de los juzgados, con la ampliación de los tribunales de flagrancia, entre otros.

Fuente: El Sol