Mendoza. Hoy, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria del Senado provincial, se comenzará a cocinar la “ley ómnibus” que contempla quince propuestas para combatir la inseguridad, tal como lo reclamó primero el vicegobernador Carlos Ciurca y apoyaron luego los bloques legislativos tanto del oficialismo como de la oposición.

La intención de los senadores es analizar las propuestas, su estado parlamentario, y hoy debatir las ideas y darles aprobación a las que se logre consenso.

De esta manera, el miércoles, en la sesión habitual de la Cámara de Diputados, ya algunos proyectos podrán tener sanción definitiva. El próximo paso, entonces, quedará en manos del gobernador Francisco Pérez, que deberá, como con cualquier ley aprobada por la Legislatura, promover las normas para que entren en vigencia lo antes posible.

Lo que ha quedado claro es que tanto la oposición como el oficialismo le enviarán a Pérez el texto de la ley de emergencia para que lo ratifique, pese a su posición pública respecto a que “no hace falta hacer una declaración de emergecia”, postura que primero fue ignorada por el vice Carlos Ciurca y luego descartada de plano por los legisladores oficilistas, quienes elaboraron y presentaron un proyecto de ley justamente declarando la emergencia.

Al mismo tiempo, el jueves pasado, nada menos que el titular del Ministerio de Seguridad, Leonardo Comperatore, avaló la emergencia. El funcionario, que responde políticamente a Ciurca, entiende que acelerando los procesos administrativos usuales se podrá proveer de mayores herramientas a la policía para el combarte del delito.

La postura del ministro quedó clara en la reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad donde se analizaron las distintas propuestas en danza, algunas con media sanción de alguna de las cámaras y otras aún siquiera iniciadas en el trámite parlamentario.

“Hay que desatarle las manos al ministro”, resumió a su turno el diputado del Frente Renovador, Daniel Cassia.

El titular de la Comisión Bicameral, el radical Héctor Quevedo, también afirmó que “la emergencia se declarará, al menos así será desde la Legislatura”, dejando entrever que el gobernador si lo considera, podría vetar la norma.

El detalle es que en uno de los proyectos oficialistas, se considera lo siguiente: “El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar la emergencia en materia de seguridad pública de la provincia de Mendoza por el término de un (1) año, con el fin fundamental de la protección integral de la vida y los bienes de las personas”.

La intención de los legisladores, y del vice Ciurca, es definir los proyectos de ley que irán pasando por las cámaras según su estado parlamentario. Se priorizarán los que tienen media sanción para que se aprueben lo antes posible, y se unificarán las iniciativas que apuntan al mismo objetivo con la intención también de apresurar el ritmo.

LOS PROYECTOS ACORDADOS

A continuación, los proyectos de ley consensuados que avanzarán en la Legislatura en el corto plazo:

Modificación del Código de Faltas y el Código Procesal Penal en lo referido a la portación de armas ilegales; definir competencias de la Justicia provincial en causas de narcocriminalidad; protección de docentes y establecimientos educativos; instalación de cámaras de seguridad en lugares privados con acceso al público; endurecer las sanciones por llamadas falsas al 911; implementación de pulseras de seguimiento con GPS para personas privadas de la libertad con regímenes especiales; endurecimiento de sanciones para personas que conduzcan en estado de ebriedad; construcción de nuevos establecimientos penitenciarios por iniciativa privada; dar cumplimiento a la norma que establece la prohibición para que integrantes de la Policía de Mendoza realicen notificaciones judiciales; incorporación de nuevos policías en corto plazo; transformar juzgados correccionales en Juzgados de Garantías y de Garantías en Flagrancia; extender las competencias de los Juzgados de Paz a los Juzgados de Faltas; creación del cuerpo de Policía Caminera; revisión del convenio de traspaso de la Policía Judicial, y fortalecimiento y jerarquización del Órgano Técnico Criminológico (OTC).

Fuente: El Sol