Comperatore finalmente asistió tras varias idas y vueltas en el oficialismo, principalmente porque la Bicameral no estaba conformada después del recambio legislativo. Primero, había que definir quién estaría al frente de la misma. La elección fue un paso previo a la reunión y la responsabilidad política terminó recayendo en el diputado radical Héctor Quevedo, encolumnado en el cornejismo. Las vicepresidencias fueron ocupadas por el macrista Gustavo Cairo -PRO- y el massista Daniel Cassia -Frente Renovador.

Las disidencias entre Francisco Pérez y Carlos Ciurca habían revelado las fisuras en torno a esta iniciativa surgida del mismo vicegobernador. En la Bicameral hay tres proyectos -del Frente para la Victoria, de la UCR y del Frente Renovador- que declaran la emergencia en seguridad. Pero a la salida de la reunión, Comperatore dio su aval a los tres proyectos e indicó que desde su ministerio harán aportes.

«Aceptamos estas propuestas, porque nos parecen importantísimas. También hemos hecho aportes en la que aportó desde la vicegobernación y creemos importante tener elementos para combatir la inseguridad», afirmó el ministro.

Más contundente fue Quevedo, ya al frente de la comisión legislativa y ratificó el compromiso de los partidos políticos por sancionar la iniciativa impulsada en primer término por Ciurca. «La emergencia está instalada en la calle, es algo que tenemos que declarar en la Legislatura», afirmó. Y para mostrar las diferencias en el oficialismo, el diputado radical añadió: «Queremos saber cuál es la posición del gobernador. No admite que hoy la emergencia esté en la calle. Lo dice el  vicegobernador y lo dice el ministro. Vamos a declarar la emergencia, no hay alternativa».

«Desatarle las manos» a Comperatore

Con esta presión de la oposición y el guiño del ciurquismo para avanzar, la Bicameral trabajará en la acumulación de los proyectos para llevarlos al recinto. «El vicegobernador tomó protagonismo en la reunión y dejó en claro la posición del Gobierno en la emergencia. Vamos para adelante», indicó Cassia, dando cuenta de la postura de Ciurca de ir por la declaración a pesar de que Pérez, días atrás, había manifestado que no era necesario.

En esa línea, Cassia sostuvo que la declaración permitirá «desatar las manos» del ministro Comperatore por los alcances que tendrá la ley. «El Gobierno necesita comprar rápidamente cámaras de seguridad y estamos dependiendo de un crédito del BID desde hace tres años», explicó el diputado del Frente Renovador. En este sentido, Cassia apuntaba a que el proyecto permite acelerar los pasos administrativos para comprar insumos a través del mecanismo de la compra directa, sin necesidad de realizar el concurso público.

Pero también en lo operativo, porque le permitirá a Comperatore redistribuir el recurso humano donde hace falta y contar con más policías en la calle y no en tareas administrativas. En esa línea, el radicalismo apuntó a la demora en los nombramientos de los uniformados que estarían frenados por el ministerio de Hacienda.

«Es bienvenido que pongan el tema en agenda», destacó Cairo. Y resaltó además el protagonismo político que quiere tener el vicegobernador en este tema. No es menor, considerando que Seguridad es un área que su equipo de funcionarios políticos dirige desde hace seis años. La importancia de que el vicegobernador participe de las reuniones de la Bicameral, lo que le da otro volumen político. Una postura distinta de lo que ocurrió dos años antes», sintetizó Cairo, que comparó la oposición que el oficialismo había tenido con la llamada Ley Petri.

Tras la reunión, Comperatore pidió plazo de días para elaborar una lista con las necesidades más urgentes del ministerio.

Para el FIT la emergencia no resuelve «las mafias policiales»

Sin embargo, el proyecto es resistido desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Héctor Fressina sostuvo que «no hay ninguna medida real que tienda a resolver la inseguridad. Es una cortina de humo. No hay medidas que resuelvan las mafias policiales o de las bandas enquistadas en el ministerio de Seguridad», destacó el legislador de la izquierda, para quien el paquete de leyes que buscan promover las fuerzas del oficialismo y de la oposición son puramente represivas.

«Se trata de un conjunto de leyes que tienden a fortalecer el estado policial, en detrimento de las libertades democráticas de la población», concluyó Fressina. El FIT había decidido no participar de la comisión, pero en la última semana hubo un giro político y ahora Fressina participó de la reunión con Comperatore.

Además, sumaron un proyecto a la batería de normas que incluirá la emergencia. La iniciativa pide no criminalizar la protesta social. Por fuera de esta ley omnibus, el FIT también presentó este jueves otro proyecto para establecer el horario laboral de los trabajadores de las oficinas fiscales en seis horas, un reclamo pedido desde el gremio de Judiciales.