La iniciativa fue sancionada por amplio respaldo dado que cosechó 217 votos aportados por el Frente para la Victoria y de sus aliados el Frente Cívico de Santiago del Estero y Nueva Encuentro, y de los bloques opositores del radicalismo, el PRO, el FAP, y el Frente Renovador, que plantearon algunas objeciones.

La oposición al proyecto estuvo representada por los diputados del interbloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores, mientras que se abstuvieron ocho diputados de Unidad Popular, de la Coalición Cívica y de Proyecto Sur.

El proyecto contempla una reforma al impuesto adicional al gasoil (Ley 26.028) para que la alícuota del 22% no sea aplicable al biodiésel destinado a la generación eléctrica.

También se prevé eximir de la alícuota del 19% del impuesto a los combustibles líquidos, retrotrayendo la situación a noviembre de 2011.

La iniciativa fue sancionada por amplio respaldo dado que cosechó 217 votos aportados por el Frente para la Victoria y de sus aliados

La iniciativa establecía que este impuesto debe regir hasta diciembre del 2015 pero el oficialismo propuso incorporar una facultad para que el gobierno nacional pueda extender esta medida hasta fines del 2024.

El debate en el recinto de sesiones fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti, quien afirmó que este proyecto busca «mejorar la matriz energética» y apunta a consolidar el modelo industrial.

Al defender el proyecto en el recinto como miembro informante del dictamen de mayoría, el diputado nacional del FPV aseguró que el proyecto «se inscribe en una política de mejorar la ecuación de divisas de la producción de energía».

Por su parte, el presidente de la comisión de Energía, Mario Metaza, señaló la iniciativa «beneficia al productor de biodiésel que se vio perjudicado por las trabas arancelarias impuestas por la Unión Europea a la importación de este combustible producido en el país».

Afirmó además que, a través de la iniciativa, se busca fortalecer la matríz energética y la profundización del proyecto nacional iniciado en 2003 por el ex presidente Néstor Kirchner.

Desde la oposición, el radical y dirigente agropecuario Ricardo Buryalle aseguró que la UCR «acompaña con su voto en general» pero «no acepta que se deleguen facultades al Poder Ejecutivo», mientras que su par tucumano Jose Cano dijo que «en general estamos de acuerdo» y «pidió convocar a los sectores productores».

En tanto, el diputado y gremialista petrolero ligado al massismo, Alberto Roberti, dijo que este proyecto «es una medida reparadora que la industria va a recibir muy bien» y señaló que esta es «una política muy acertada que aplicó el ex presidente Néstor Kirchner».

En tanto, el presidente del bloque del PRO, Federico Pinedo, anticipó que esa fuerza política votaría a favor del proyecto, pero indicó que «lo que corresponde no es beneficiar empresas sino hacer una política sustentable en el largo plazo”.

En tanto, el presidente del bloque Nuevo Encuentro, Carlos Heller, rechazó los argumentos de un sector de la oposición acerca de que estas trabas de la Unión Europea están vinculada a la expropiación de Repsol.

En ese sentido, Heller dijo que «esto no es así, sino que la Unión Europea aplica políticas proteccionistas a favor de los países centrales que afectan a los países en desarrollo».

El diputado de Unidad Popular Claudio Lozano, anunció su abstención al proyecto porque se está «cediendo y desgravando con un costo fiscal del orden de 2.000 millones de pesos a las grandes aceiteras».

Finalmente y desde la izquierda, el diputado del PO Néstor Pitrola dijo que «estamos en contra de los biocombustibles, cuya producción eleva el precio mundial de los alimentos, agravando el hambre y la caída del poder adquisitivo de los salarios de miles de millones de trabajadores». Fuente: Telam