El gobernador Francisco Pérez le bajó el tono a lo anunciado por el vicegobernador Carlos Ciurca: el mandatario confirmó que impulsarán una ley de Seguridad pero le quitó el calificativo de “emergencia”. De esta manera, Pérez se refirió por primera vez a lo que ya había sido anunciado y explicado por su compañero de fórmula; a la vez que confirmó que el proyecto será tratado hoy en Labor Parlamentaria, en donde el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla y el de Seguridad, Leonardo Comperatore, representarán al Ejecutivo.

Las primeras declaraciones del Gobernador al respecto fueron ayer en el marco del nombramiento de Guillermo Amstutz  al frente de Aysam.

Se trató de un acto en donde Ciurca y Pérez se abrazaron ante las cámaras y en lo discursivo dejaron en claro que hablan el mismo idioma, desmintiendo cualquier especulación de interna entre ambos, aunque en los detalles manejan sus diferencias. Justamente, las críticas opositoras cuestionan que no haya sido el Gobernador el encargado de anunciar dicha medida ni que se haya mencionado en el discurso del 1 de Mayo.

En efecto, Pérez dijo que no se trata de una Ley de “emergencia” de Seguridad ya que no se comprende la contratación directa, algo que se previó en 2008 cuando sí existió esta medida. “La idea es tomar en una sola ley de seguridad, una ley ómnibus y marco, para tratar proyectos de ley que tienen distintos legisladores y que se constituyan en una herramienta para los poderes Ejecutivo y Judicial”, definió el Gobernador. A lo mismo se refirió el Vice, al decir que la disposición “no incluye erogaciones presupuestarias”.

“La ley de emergencia de Seguridad es un término político que no se diferencia del tratamiento de cualquier otra ley”, precisó el senador radical Sergio Moralejo y diferenció el único aspecto de la contratación directa por un año que sí incluye el hecho que sea de emergencia. Con las delimitaciones técnicas en torno al texto que será trabajado hoy en Labor Parlamentaria, las diferencias se presentan en el abordaje que hacen del tema la dupla ejecutiva.

En este sentido, Ciurca se puso a la cabeza del tema, anunciando en su cuenta de Twitter el domingo pasado: “El Martes llevaré a Labor Parlamentaria la propuesta de Declaración de ‘Emergencia en Seguridad Pública en Mendoza’. Es responsabilidad del Estado Provincial, junto a los partidos políticos debemos encabezar con acciones concretas (en) la marcha Institucional contra la Inseguridad”.  El Vice fue más contundente al justificar el porqué de dicha medida, al reconocer la “necesidad de hacer una fuerte autocrítica”, y que “los esfuerzos no han alcanzado”.

Este fue el aspecto que Pérez olvidó en sus declaraciones casi 24 horas después del anuncio. Y es que mientras el Vice usó el calificativo de “emergencia” en el reconocimiento de una situación de “inseguridad cada vez más preocupante”, el primer mandatario en cambio se remitió a la parte técnica de la “nueva herramienta” y la vinculó a lo que ya “viene trabajando la Mesa de Enlace”.

“A partir del 1 de mayo se establece la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, es decir, que los legisladores pueden presentar proyectos y se reactivan los que están. La idea es que en lo que se venía trabajando como una política de Estado en la Mesa de Enlace y la Bicameral de Seguridad no sólo se discuta sino que se plasme en leyes, la cual sería una compilación de distintos proyectos de la oposición y el oficialismo”, vinculó Pérez.

Contenido de la Ley

Una vez descartada la idea de que buscarán contrataciones directas o partidas para compras, el Gobernador hizo mención ayer de las medidas que le darán forma a la nueva Ley. La intención es reflotar aquellos proyectos referidos a la Seguridad que duermen en la Legislatura. El primero fue el anunciado durante la Asamblea Legislativa el jueves, cuya autoría luego fue reconocida al demócrata Carlos Aguinaga.

Se trata de la limitación del uso de motos de baja cilindrada primero en el Gran Mendoza y luego en los lugares a coordinar con los intendentes.

A su vez, Pérez adelantó que contemplarán lo ya trabajando por el diputado Daniel Cassia (Frente Renovador) en torno a sumarle al Código Procesal Penal el delito de portación de armas de guerra ilegítima, hecho excarcelable ahora.

“Estamos evaluando la posibilidad de que la Policía Vial pueda requisar automóviles y no sólo pedir el seguro, el carnet y otros documentos (idea del senador Néstor Márquez)”, mencionó el mandatario. También apuntó a un proyecto que ya tiene media sanción y es que los juzgados correccionales aumenten su competencia y sean de flagrancia también.

La ley también contemplará la instalación de cámaras de seguridad en comercios con ayuda financiera estatal (del senador del Pro, Gustavo Cairo), la sanción con 30 días de cárcel o multas a aquellos llamados fraudulentos al 911 (del propio Ciurca) y la desfederalización de las causas de narcocriminalidad. Fuente: Diario Los Andes  Cinthia Olivera – colivera@losandes.com.ar