Los productores o poseedores de tierras damnificados por la actividad que desarrollan las compañías petroleras o hidrocarburíferas reclaman desde el año pasado la actualización y el pago adeudado de indemnizaciones por los daños que provoca la actividad en sus territorios. Desde 2011 hasta la actualidad que los valores no se reacomodaban. Ayer, el Poder Ejecutivo Nacional incrementó el monto que cobran en concepto de servidumbres mineras, daños y perjuicios y gastos de control y vigilancia.

Estos fondos son recibidos por los privados que poseen en sus tierras extracciones mineras o petroleras. Las indemnizaciones a los superficiarios son una especie de resarcimiento de los daños por lucro cesante (lo que la propiedad deja de producir por la actividad hidrocarburífera), como por daños emergentes, entre los cuales está el ambiental individual o por rebote.

El diputado nacional Enrique Vaquié explicó a Sitio Andino que la resolución no es buena para los propietarios de tierras en Mendoza por dos motivos: primero porque  la servidumbre, gastos y perjuicios que es uno de los conceptos indemnizables se rige por el valor de la lana entre 2011 a 2013. El legislador explicó que el índice de incremento depende de la zona pero va en promedio desde el 4 al 11 por ciento cuando la inflación real supera ampliamente ese número.

El segundo concepto indemnizable, explica Vaquié, es por Gastos de Vigilancia y Control, este es como una especie de alquiler del predio y está regido en base al aumento del petróleo. “En este sí se verán beneficiados los mendocinos o al menos recibirán indemnizaciones más cercanas a la realidad”, sostuvo.

Vaquié ha encarado una y otra vez reclamos por pasivos ambientales de YPF, pero en relación a la provincia. El legislador aclaró que en el caso de esta resolución se trata de indemnizaciones a privados, a no ser que los emprendimientos estén en tierras fiscales.

Las resoluciones
Desde hace meses la Subsecretaría de Agricultura de la Nación ordenó un relevamiento para actualizar las cifras, mientras que en la industria hidrocarburífera se sostiene que en la práctica las compañías petroleras están pagando los valores establecidos legalmente al tiempo de entender que las tarifas fijadas «mucho más que compensan los eventuales daños». En Mendoza no hay relevamientos concretos de cuántas son las hectáreas ni qué reciben.

La medida dada a conocer ayer involucra a los inmuebles afectados por las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en las Cuencas Cuyana y Neuquina (provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Juan y San Luis).

Dichas modificaciones rigen desde primero de junio de 2013, como lo dispone la resolución conjunta 391/14 y 107/14 de las Secretarías de Energía y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que modifican la resolución conjunta 115/2011 y 32/2011, cuyas precisiones se publicaron ayer en el Boletín Oficial.

En detalle
Para el cálculo del lucro cesante y daños emergentes inherentes a las actividades hidrocarburíferas en Tierras de Secano (áridas y semiáridas), se utilizará el precio de las lanas sucias «madre fina» y «madre cruza fina», y el precio de la carne vacuna; y para el cálculo de los gastos de control y vigilancia, tanto en Tierras de Secano como de Bajo Riego, el precio del gasoil. Estos son los puntos que detalla Vaquié y especifica que el primero no beneficia a los propietarios de tierras porque la inflación fue sensiblemente mayor.

En esa línea, la resolución conjunta 392/2014 y 108/2014 dispone medidas similares para propietarios superficiarios de las provincias del Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, afectados por la actividad hidrocarburífera, minera y eléctrica.

Las resoluciones llevan la firma de los secretarios de Energía, Daniel Cameron y de Agricultura,  Roberto Delgado.