Tras la destitución de Joaquín de Rosas como fiscal de Estado, como corolario del juicio político donde fue condenado por haber beneficiado al Grupo Vila, queda ahora una pregunta: qué pasará con el dinero que la provincia perdió como resultado de la tasación realizada por el ex funcionario y que resultó perjudicial para la provincia, puesto que se pagó un sobreprecio a la familia empresarial, según se hizo constar.

Ahora, la Fiscalía de Estado espera que la sentencia quede firme para intentar que la provincia sea resarcida económicamente, o recupere parte del dinero que perdió.

La diputada denunciante en la causa, Patricia Gutiérrez, lo había solicitado en el año 2012, pero desde el órgano de control consideraron conveniente esperar hasta que el Jury emitiera su fallo para iniciar una acción de nulidad. Con el fallo en contra de De Rosas, ahora una comisión de estudio analizará cuál sería la vía correspondiente para que esto se pueda llegar a dar.

Desde el organismo contralor confesaron que no será sencillo conseguir que Dalvian restituya al patrimonio provincial el dinero que obtuvo como consecuencia de la polémica cotización, aseguraron que se están analizando las diferentes alternativas jurídicas. “Hay que ver si el error de la provincia es excusable”, explicó el Fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández.

Una de ellas es pedir la nulidad por sentencia Írrita, recurso que se puede aplicar para anular una sentencia firme cuando conlleva una injusticia extrema verificable a partir de la violación de las formas y las sustancias constitucionales. Por otro lado, también se analizará si se han cometido delitos civiles y si los mismos ya han prescrito o no.

Por todo ello, se esperará que la sentencia del jury de enjuiciamiento quede firme para poder generar una comisión conformada por especialistas del derecho de daños y el derecho procesal. Los mismos analizarán cuál será el camino para intentar que la provincia recupere el dinero que perdió tras la expropiación de las tierras de Divisadero Largo a un precio excesivamente superior al del mercado.

Por último, también existe la posibilidad de que las partes se junten para negociar la mejor salida posible al litigio, sobre todo teniendo en cuenta que son procesos que pueden extenderse durante mucho tiempo.

“Hay que analizar la utilidad y el riesgo del juicio y, en base a ello, elegir el camino procesal para hacerlo”, manifestó Fernández.

La caída de De Rosas

Por 16 votos contra 2, el tribunal del Jury de Enjuiciamiento decidió la separación de Joaquín de Rosas al cargo de Fiscal de Estado.

De Rosas fue denunciado en 2012 por un grupo de legisladores opositores que lo consideró responsable de diversas acciones en contra del Estado que debía proteger.

Lo que se investigó fue si el fiscal beneficio a Daniel Vila y a la firma Dalvian SA en una expropiación de terrenos privados para constituir la reserva natural Divisadero Largo, ubicada al oeste de la Capital.

A la familia Vila el Estado provincial le pagó entre 13 y 17 pesos por metro cuadrado a expropiar (unos 3,5 millones de pesos en total), los terrenos, cuando el Tribunal de Tasación los valuaba en no mas de 3 pesos por metro.

La Fiscalía de Estado finalmente apeló el pago de esta suma al resto de los propietarios cuyos terrenos fueron expropiados en Divisadero Largo, pero llamativamente no el del empresario de medios. La Corte, a su turno, convalidó el precio menor y sugirió investigar las diferencias de conducta del fiscal.

A esto se sumó una maniobra para que Vila compensara deudas que tenía con el Ente de Fondos Residuales de la provincia (EFOR), gracias a los montos recibidos de parte del propio Estado provincial en la expropiación. Esa compensación, que también fue avalada por el fiscal, se realizó en 2007.

Según adelantó el abogado de De Rosas, Roberto Godoy Lemos, existe la posibilidad de que se apele a la Corte Nacional este veredicto.

El letrado esperará los fundamentos para determinar los pasos a seguir, pero ya había adelantado en las audiencias que insistiría ante el máximo tribunal, y aseguró que existen antecedentes que lo avalan.