La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa contra Sebastián Solé, donde se investiga el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y el lavado de activos.La causa está caratulada FMZ 13018283/2013 “Solé Recabarren, Sebastián y Ots. s/ Av. Inf. Art. 145 bis” que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza -a cargo del juez Walter Bento-, donde se investiga el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y el lavado de las ganancias obtenidas.
A partir de una denuncia realizada por el Director Provincial del Registro de las Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a la Unidad Fiscal especializada en Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), tomó conocimiento de un llamado telefónico denunciando la existencia de un prostíbulo en la ciudad de Mendoza donde se explotaba a mujeres, algunas de ellas menores de edad.
A partir de allí, la investigación conducida por la UFASE, permitió determinar la existencia de un prostíbulo denominado “PYME VIP” y, mediante intervenciones telefónicas se determinó que quien lo gestionaba era Sebastián Marcelo Solé Recabarren.
Además se constató la participación de un agente municipal y un médico ginecólogo, quien realizaba abortos en caso que alguna quedase embarazada.
Solé Recabarren trabajaba en conjunto con Cristian Prado, quien sería su socio, Paola Lagos y otra mujer de nombre Nora, que resultarían administradoras del local en diferentes turnos, con el deber de controlar a las chicas e informar a Solé las novedades.
En función de esa actividad delictiva, los imputados pusieron en circulación en el mercado bienes por un monto superior al millón y medio de pesos, con el objeto de darles apariencia lícita, según dice el expediente.
Sebastián Solé fue procesado por los delitos de lavado de activos y trata de personas. La investigación reveló que Solé percibía más del 50% del dinero que se les pagaba a las mujeres. Se le descubrieron varios inmuebles a estrenar, otros en barrios privados, y hasta un edificio; vehículos de alta gama; tecnología de última generación; y un proyecto de viaje a Panamá y Cancún. En el allanamiento de su domicilio se encontraron 2 millones de pesos en una caja de seguridad. Mediante las escuchas telefónicas que mantuvo con una inmobiliaria se pudo descubrir que además pensaba invertir el dinero incautado en Chile.
A partir de la existencia de esos bienes integrados al mercado bajo apariencia legítima, la Unidad antilavado solicitó al juez Bento ser tenida por parte querellante en la causa. El juez aceptó la intervención de la UIF y le corrió vista de las actuaciones para su elevación a juicio oral.
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