Dispuso medidas para enfrentar el principal desafío de su gestión; asignará $ 600 millones para equipamiento, reincorporará a 5000 policías retirados e impulsará un paquete de leyes

 Scioli, al frente de todo su equipo, anunció las medidas; el único ausente fue el vicegobernador Gabriel Mariotto. Foto: LA NACION 

LA PLATA.- Apremiado por el recrudecimiento de un nivel de violencia delictiva que no cede, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli ,decretó ayer la emergencia en materia de seguridad ciudadana durante un lapso de doce meses. Además convocó a sesión permanente al Consejo Provincial de Seguridad, integrado por fuerzas de la oposición; dispuso el realistamiento obligatorio de 5000 policías y guardiacárceles retirados, y anunció una inversión de 600 millones de pesos para la adquisición de equipamiento para la fuerza.

«Esta declaración de emergencia servirá para aplicarles todo el peso de un Estado presente a los asesinos y delincuentes», dijo Scioli al informar el paquete de medidas en una conferencia de prensa , en la que estuvo acompañado por todo su gabinete y equipo de colaboradores, excepto el vicegobernador Gabriel Mariotto.

El mandatario provincial buscó mostrarse firme en su empeño por enfrentar el problema que más complica su gestión y que es a la vez el mayor desafío que tiene para sus aspiraciones presidenciales.

También busca disputarle la bandera de la lucha contra la inseguridad a su principal rival en la carrera hacia 2015, Sergio Massa, quien ayer expresó su «satisfacción» por las medidas, aunque recordó que forman parte de sus demandas desde hace tiempo.

Como parte del paquete de medidas, Scioli adelantó propuestas legislativas para igualar las penas para las figuras de tenencia y de portación de armas, y limitar excarcelaciones. También propuso que entre los trámites para disponer la libertad de un detenido se incluya la obligación de realizar una audiencia oral y pública «con máximas restricciones para reincidentes y los que hayan usado armas».

Dispuso, asimismo, la ampliación de los comandos de prevención a un total de 42 municipios, la adjudicación del servicio de emergencias 911 para toda la provincia y la construcción de ocho alcaidías y cuatro cárceles para alojar a unos 3000 detenidos, y la utilización de nuevas tecnologías para la detección de patentes y un software de botón antipánico para celulares desarrollado por la compañía Provincia Seguros.

El gobernador volvió a prometer la puesta en marcha de la policía judicial y anunció la creación en la policía de la especialización «en inteligencia financiera y patrimonial».

Scioli decidió, finalmente, copiar la política colombiana contra los denominados motochorros que había elogiado en marzo de 2008 al viajar a Medellín para estudiar estrategias de inclusión contra el delito. Así, se facultará a municipios a restringir la circulación de motos con acompañantes y se impondrá el uso obligatorio de chalecos reflectantes y casco con la patente impresa.

«Quiero dirigirme a la población, que sufre el ataque salvaje de una delincuencia cruel y que demanda respuestas del Estado para revertir esta situación. Como gobernador debo ser sincero y realista en el análisis del problema», dijo Scioli. Sin embargo, ante una consulta de LA NACION, evitó calificar como un «fracaso» la política de seguridad provincial durante su gestión, que justamente ahora busca reparar.

Llamó la atención que durante su discurso Scioli no mencionara -como habitualmente lo hace- a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni los aportes nacionales para la lucha contra la inseguridad. En cambio, convocó a sesión permanente al Consejo Provincial de Seguridad Pública y a la Mesa Provincial de Justicia, conformada por funcionarios y legisladores de los partidos con representación parlamentaria. Además, incorporó al representante bonaerense de la Federación Argentina de Municipios, Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó y fugaz ministro de Seguridad provincial en los días efervescentes de diciembre de 2001. «Convoco a todas las fuerzas políticas y sociales. No podemos seguir discutiendo entre nosotros mientras allá afuera mueren inocentes», sostuvo.

Un detalle que desnuda lo extremo de las decisiones tomadas ayer por las autoridades bonaerenses está reflejado en la utilización de 600 millones de pesos utilidades del Banco de la Provincia de Buenos Aires para la compra de 1000 patrulleros, 30.000 chalecos antibalas y 10.000 armas y municiones. En el cuarto mes del año ya no alcanza el presupuesto previsto para todo 2014.

Si bien eludió con destreza una confrontación, Scioli insistió ayer en debatir a nivel nacional un nuevo régimen penal juvenil -la provincia tiene el suyo-, que reavivaría la polémica siempre incómoda para el kirchnerismo sobre la edad de imputabilidad de los menores. En la misma sintonía, se excusó de opinar sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, una idea que 24 horas antes había fogoneado su hermano José Scioli, ayer sentado en la primera fila del acto.

Sin mencionar la reforma del Código Penal impulsada por la Casa Rosada, el gobernador dijo apoyar «un proyecto de ley nacional imponiendo penas no excarcelables y de cumplimiento efectivo por tenencia o portación de armas de fuego sin autorización, equiparando calibres de armas civiles con armas de guerra».

LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL GOBERNADOR LAS INICIATIVAS Y ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARÁN

• Se decretó la «emergencia en seguridad pública» por un plazo de 12 meses
• Se incorporarán cerca de 5000 agentes entre personal retirado de la policía y del Servicio Penitenciario
• Más de 40 mil agentes de seguridad privada serán incorporados a la «red de prevención». Deberán dar aviso a la policía ante situaciones de riesgo
• Se destinarán 600 millones de pesos para el equipamiento de las fuerzas de seguridad provincial, con financiación del Banco Provincia
• El uso de chalecos reflectantes con número de patente será obligatorio para motociclistas
• Enviará a la Legislatura un proyecto de ley para crear 10 fiscalías especializadas en narcotráfico y otro para que las excarcelaciones se hagan en una audiencia oral y pública
• También reclamó el pronto tratamiento del proyecto de la ley sobre policías comunales
• Se ampliará el espacio para detenidos en los juzgados de instrucción en cerca de 1000 plazas
• Se convocó al Consejo Provincial de Seguridad, a la Mesa de Justicia y a la Federación Argentina de Municipios (FAM). Scioli pidió colaboración de «todas las fuerzas políticas y sociales»

LA AUSENCIA DE MARIOTTO

El dato más curioso de la jornada de ayer fue la ausencia de Gabriel Mariotto. En el entorno del vicegobernador adujeron que no fueron invitados y dejaron traslucir cierto malestar. En el de Daniel Scioli dijeron que las invitaciones las cursó la Jefatura de Gabinete y minimizaron el tema. Es cierto que el tipo de medidas anunciadas, de carácter punitivo, no coinciden con la mirada sobre la seguridad que abona Mariotto. De todos modos, para evitar suspicacias, el gobernador y su vice se encontrarán mañana..

Por Pablo Morosi  | LA NACION