
En 2002 se registraron 51 asesinatos. En 2012, el peor de la serie, fueron 147. Los autores del informe reconocen que la información es escasa y seguramente sus datos solo muestren la punta del iceberg. Afirman, por ejemplo, que es muy probable que países africanos como Nigeria, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana o Zimbabue también se estén viendo afectados, pero su metodología de trabajo —basada en documentación fiable y en la verificación de los datos por parte de socios locales— no ha permitido hacer un análisis exhaustivo. De ahí que las peores cifras se den en América Latina y Asia, donde han podido contrastar la información. A Brasil, con 448 asesinatos, le siguen Honduras, con 109, y Filipinas, con 67.
El informe insiste en uno de los aspectos que ya destacó en 2011 la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya: la impunidad. La organización solo tiene constancia de que se haya juzgado y condenado a 10 personas por estos más de 900 crímenes.
“Existen pocos síntomas más rotundos y obvios de la crisis ambiental mundial que un dramático repunte en el asesinato de personas corrientes que defienden los derechos sobre la tierra o el medio ambiente. Sin embargo, este problema que tan rápido se está agravando está pasando prácticamente desapercibido y, en la gran mayoría de los casos, los responsables están saliéndose con la suya”, asegura Oliver Courtney, portavoz de Global Witness.
En su informe, la relatora de la ONU recopiló casos de arrestos, detenciones y asesinatos de defensores de los derechos humanos que protestaban por cuestiones relacionadas con los recursos naturales y los derechos sobre la tierra. “Pertenecen en su mayoría a poblaciones indígenas y minorías”, señaló. Y son “más vulnerables debido a que las áreas donde trabajan son remotas”.
FUENTE: El País de España






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