Mendoza. Teléfono celular en mano, redes sociales abiertas y comunicación ilimitada con el exterior. Estos factores se han convertido en una realidad para los presos de las distintas cárceles de Mendoza, que utilizan Facebook para interactuar con su entorno. La impunidad que sienten es tan grande que hasta suben fotos en las que se muestran armados.

Día tras día, personal penitenciario realiza requisas de rutina para secuestrar elementos que los reclusos tienen prohibidos dentro de los complejos. Lo que más se incauta: teléfonos celulares, armas blancas de fabricación caseras denominadas chuzas y drogas. Sin embargo, las medidas no son suficientes para erradicar esas faltas.

El caso de los celulares es el que más ha llamado la atención de las autoridades ya que, con las nuevas tecnologías, los internos pueden hablar con sus parientes hasta subir fotos en Facebook o realizar los llamados secuestros virtuales.

“Realizamos requisas todos los días para evitar este tipo de elementos, pero la demanda interna es más fuerte que el control”, explicó el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana.

Es así que los internos escriben diariamente mensajes para sus parientes, suben fotos sacadas dentro de las celdas, interactúan con amigos y enemigos que están fuera del sistema penitenciario y hasta difunden fotografías donde muestran chuzas.

Incluso, uno de ellos, Pablo Colo Rosales (21), condenado por ultimar de un disparo a Agustín Lecca Villafañe (16) en junio del 2011, contestó rápidamente una nota publicada por diario El Sol el martes sobre su perfil en la red social. “Saben ke n estoy ni ai cn lo ke digan y cn todo lo ke estan asiendo para dejarme susio en el diario muchas personas saben ke soy un chico buen (sic)”, escribió en su muro.

Otro de los internos que también utiliza diariamente Facebook es Lucas Cheche Rojas Echevarrieta, quien está señalado como el autor del puntazo que le quitó la vida a Alejandro Quinteros (34) el 1 de enero al mediodía, en el barrio Santa Teresita, de Las Heras.

También Jorge Díaz se integra al grupo de los homicidas que utilizan su celular para conectarse, quien suele quejarse cuando los penitenciarios le incautan el artefacto: “No pasa nada la yuta me llevo mi samsung galaxi pero no pasa nada estoy triste perdy mi galaxi que mi hermanito me lo avia regalado lo eztrano mucho (sic)”. Incluso difunde imágenes mostrando los tatuajes que se realizó en forma casera dentro del penal.

La connivencia para ingresar celulares. “Cualquier persona puede entrar un teléfono en la cárcel”, aseguró Orellana. Los pequeños artefactos pueden ingresar escondidos en las visitas de los familiares y hasta, incluso, por personal penitenciario.

“Lo pueden meter los visitantes y hasta los agentes. Hemos detectado a uniformados que ingresan con teléfonos celulares que no están declarados”, manifestó el funcionario. Cuando un vigilante de las cárceles ingresa a su horario laboral, debe registrar el aparato que ingresa con su número de IMEI –el código único de cada uno–, aunque muchas veces esto se ha violado. “Adentro se comercializan, hay mucha demanda”, indicó.

“Hemos visto otros casos en Boulogne Sur Mer que meten un chip en una pelotita de goma que tiran desde fuera del complejo”, indicó el titular del Servicio. El director también explicó que con una cuenta de Facebook siguen los perfiles, tanto de los reclusos como de los penitenciarios. “Siempre los miramos y estamos atentos a cualquier novedad. Las redes sociales miden el pulso de lo que sucede”, determinó.

Las autoridades creen que evitar que una persona entre con un teléfono celular o, peor, con un chip, es imposible en la totalidad de los casos. Por esto, Orellana cree que la solución de fácil aplicación es colocar un inhibidor de señal en los distintos penales provinciales. De esta forma, por más que los reclusos tengan en su poder el aparato, no se podrá utilizar para comunicarse.

“En algunas cárceles lo hemos colocado y han dejado de funcionar con el tiempo. Algunas empresas nos ofrecen el servicio por 5 mil pesos y otras por 50 mil, por eso estamos analizando la mejor forma e implementarlo”, concluyó.

En sintonía, la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, detalló que el sistema se implementó en la cárcel de Almafuerte, pero no tuvo éxito. “Hicimos una prueba en el penal pero fracasó por cuestiones tecnológicas. Ahora, un comité está estudiando que otras alternativas podemos instalar”, explicó.

Con respecto al penal de Boulogne Sur Mer, indicó que es más difícil la puesta en práctica ya que el inhibidor podría afectar a otras instituciones cercanas como el Hospital Militar o los vecinos que viven en esa zona de Ciudad.

En el 2008, un proyecto del entonces diputado radical por la UCR Luis Petri ordenaba anular la señal de los celulares en las cárceles. La medida se convirtió en ley y se publicó en el Boletín Oficial a fines de ese año, pero nunca llegó a implementarse.

Fuente: El Sol